La Comisión de Coordinación de Crisis de la Administración de Justicia se ha reunido de nuevo para seguir avanzando en la hoja de ruta consensuada que ultima Justicia para la salida de la crisis del Covid-19. El ministro Juan Carlos Campo ha confirmado que el Gobierno dará el primer paso con la aprobación de un Real Decreto-Ley de medidas urgentes que recoge "el esfuerzo conjunto del sector" para la reactivación del trabajo en juzgados y tribunales garantizando la salud laboral de los profesionales.

La norma comprende un conjunto de actuaciones urgentes en los ámbitos procesal, concursal, organizativo y tecnológico, orientadas a reanudar la actividad judicial desde criterios de seguridad y flexibilidad y durante un tiempo limitado a la vigencia del estado de alarma y los tres meses posteriores.

Entre las medidas organizativas, el ministro ha explicado que el borrador del Real Decreto-Ley contempla que los funcionarios puedan acogerse de forma voluntaria a turnos de mañana y tarde, lo que redundará en un incremento de la actividad y en la salvaguarda de la distancia interpersonal que deberá seguir manteniéndose. Además, se plantea autorizar la movilidad del personal entre órganos judiciales de la misma jurisdicción y localidad. Son medidas destinadas a incrementar progresivamente la capacidad de respuesta de la Administración de Justicia y contribuir así a superar la crisis.

Las medidas tecnológicas facilitarán el teletrabajo, la atención a distancia del público y la realización de actos procesales de manera telemática, en la línea de impulso tecnológico que sigue el ministerio. Además, se ampliarán de manera extraordinaria los plazos procesales para facilitar el progresivo restablecimiento de la actividad judicial.

Las medidas urgentes y extraordinarias previstas han obtenido un amplio consenso en la Comisión de Coordinación e incluyen propuestas del Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, las comunidades autónomas y los colegios profesionales. Como ha destacado el ministro, el real decreto ley constituirá la primera pieza del acuerdo para la reconstrucción en el sector Justicia.

El plan integral de Justicia para combatir los efectos de la crisis, dentro del proyecto #Justicia2030, incluye también una ley de impulso y agilización procesal que contendrá medidas a medio y largo plazo para avanzar hacia una mejor gestión en los órganos judiciales y en su transformación digital. El ministerio ya está recibiendo las propuestas de las administraciones competentes para la mejora del texto, con objeto de poder contar con un primer esqueleto normativo a lo largo del mes de mayo.

El tercer instrumento de la hoja de ruta es la puesta en marcha consensuada de planes de choque en las jurisdicciones social, contencioso-administrativa y mercantil, los ámbitos en los que se prevé una mayor afluencia de asuntos tras el parón de la actividad económica. Como quedó recogido en la disposición 19ª del Real Decreto-Ley por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19, el Gobierno activará estos planes en los 15 días posteriores al fin de las medidas de confinamiento.

Junto a estas herramientas, Justicia apuesta por disponer de un esquema de seguridad laboral, apoyado por recursos suficientes, en el que todas las administraciones estén alineadas. Se trata de superar la fragmentación competencial actual y avanzar hacia un marco conjunto común validado por las autoridades sanitarias que permita garantizar la seguridad del personal de los juzgados con la desescalada de las medidas de contención. Al mismo tiempo, se perseguirá un empleo eficiente y seguro de los espacios físicos y se buscará ampliar la capacidad telemática de los profesionales.

A partir de la próxima semana, llegará a las sedes judiciales una nueva remesa de equipos de protección personal que se suman a los que ya ha distribuido el ministerio desde el inicio de la crisis. Además, Justicia trabaja para dar respuesta a las necesidades futuras que, en materia de protección sanitaria, va a plantear la reanudación progresiva de la actividad judicial asegurando, al mismo tiempo, su uso eficiente.

El ministro se ha referido también a la buena acogida que ha tenido en el conjunto del sector la reactivación de LexNET y la reanudación de las notificaciones a las partes de los procesos en curso durante el estado de alarma, lo que está permitiendo la vuelta a la normalidad en estas actuaciones.

Origen de los datos: sitio web de lamoncloa.gob.es
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