Desde Juezas y Jueces para la Democracia reclamamos a los grupos políticos representados en el Parlamento que cumplan el mandato constitucional de renovar los órganos constitucionales (Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo) para asegurar el normal funcionamiento del Estado de Derecho. En concreto, el mandato del actual CGPJ terminó el 4 de diciembre de 2018. Lleva por tanto en funciones más de un año.

El retraso en proceder a la renovación de los órganos constitucionales cuando abarca largos periodos de tiempo incurre en un fraude institucional qué debilita su funcionamiento básico y, en el caso concreto del CGPJ, deteriora su imagen y la confianza depositada por la ciudadanía en la Justicia.

En ese contexto pretender supeditar la renovación del CGPJ a una futura modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la que no hay un consenso entre todas las fuerzas políticas, supone perpetuar ese defectuoso funcionamiento institucional, en la que nuestra asociación no puede cooperar.

Nos hemos mostrado partidarios de la reforma del sistema de elección de vocales de procedencia judicial del CGPJ, junto con el resto de asociaciones judiciales, para dar una representación directa a la carrera judicial, asegurando la igualdad de género y la presencia de las minorías. Ahora bien, esta reforma debe llevarse a cabo una vez renovado el CGPJ y a través de la correspondiente modificación de la Ley Orgánica y con el necesario consenso de todas las fuerzas políticas.