La abadesa es multada con la cantidad 100.001 euros, por la comisión de la infracción administrativa grave cuyos hechos han resultado probados a lo largo de todo el proceso sancionador en los últimos dos años.

En dicha orden resolutoria informa de todos los pasos que se han dado desde que en junio de 2019 la Dirección General de Patrimonio Cultural (anteriormente Dirección General de Bienes Culturales) fuera alertada del posible cierre del Real Monasterio de la Encarnación de Mula y que su comunidad religiosa se iba a fusionar con el Convento de Elche. Derivado de ello, se advirtió que se estaba realizando un supuesto traslado de las piezas histórico-artísticas y obras de arte desde Mula hasta Elche sin la debida comunicación tal y como contempla la ley, hecho confirmado por la propia comunidad de Hermanas tras la visita que, en julio de ese año, técnicos de la Comunidad Autónoma así como técnicos municipales hiciesen al Monasterio para comprobar la veracidad de dicha situación.

Desde ese momento, desde el Ayuntamiento de Mula y la Comunidad Autónoma llevaron a cabo una constante comunicación con las hermanas clarisas para enmendar la infracción cometida y solucionar de la mejor manera y sin que supusiera perjuicio hacia la Orden Religiosa. Prueba de ello fueron las numerosas reuniones que desde el Ayuntamiento se entabló con la comunidad de Mula, de Elche y con la Superiora Provincial de la Orden de Santa Clara.

Tras la nula voluntad de reparo del daño, desde la Dirección General de Patrimonio Cultural se han llevado a cabo distintas resoluciones, siendo recurridas por la abadesa y desestimadas posteriormente por la Dirección General. Ante la negativa de restituir el daño, el 3 de diciembre de 2020 se inició el expediente administrativo sancionador contra la abadesa, en condición de Superiora de las Monjas Clarisas de Elche, por infracción administrativa grave de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 74.m) de la Ley 4/2007 de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de Murcia.

Tras un extenso y detallado informe que recoge de forma minuciosa los antecedentes al hecho, la base jurídica en la que se sustenta, normativa, resoluciones y las alegaciones a las mismas, así como la normativa reguladora del régimen jurídico sancionador, se refleja que “…de forma inicial se desprende en la abadesa una actuación reflexionada, meditada y planificada como responsable del traslado. […] Es por ello por lo que no se puede considerar un mero desconocimiento en cuanto al deber de cumplir con las obligaciones impuestas por la ley sino más bien una conducta fruto de un plan preconcebido e intencionado para evitar toda intervención administrativa, así como los controles previos por parte de la Dirección General. […] Haciendo mención especial a la situación de incertidumbre que se ocasionó y sufre actualmente esta Administración Regional al no haber tenido conocimiento del traslado y por la desaparición de estos bienes muebles a un destino fuera de nuestros límites territoriales.”

Por tanto, la orden resolutoria del expediente dispone resolver la finalización de este contra la abadesa del Monasterio Santa Clara Religiosas Clarisas de Elche, como responsable de la infracción, siendo sancionada con la cantidad de 100.001 euros (cien mil un euros), así como la obligación de reparar y restituir el bien en su primitivo estado.

Contra la presente Orden resolutoria del expediente sancionador, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes.