El Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Molina de Segura, celebrado ayer lunes 26 de septiembre, aprobó una moción de la Concejala de Educación, Fuensanta Martínez Jiménez, en la que se solicita al Gobierno de España la retirada del Real Decreto que regula la puesta en marcha del proceso de reválida.
"A pesar de no contar con el apoyo de docentes, familias y otros partidos políticos, el Gobierno en solitario ha seguido con el empeño de llevar adelante esta polémica ley educativa, que entre otras medidas ha puesto en marcha la reválida para 4° de ESO y 2° de Bachillerato, aprobando el Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato", explica Fuensanta Martínez.
La Concejala recuerda que "en Molina de Segura se someterá a 900 alumnos y alumnas a este proceso, 400 en Secundaria y 500 en Bachiller. Los jóvenes que no superen esta prueba en Secundaria no podrán acceder a un Grado Medio y tendrán que ver limitadas sus opciones a Formación Profesional Básica. Se trata de una medida injusta, innecesaria, arbitraria y que, lejos de mejorar el sistema educativo, solo lo empeora".
"Una Ley que no pone freno para recuperar el equilibrio entre la red pública y la concertada y cuyos efectos se han visto agravados por la política de recortes que han reducido significativamente los recursos económicos en los centros educativos así como el número de profesores en nuestro país, dañando además sus condiciones laborales, y limitando de manera importante todo tipo de ayudas y becas".
La moción aprobada pide, además de la derogación del Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, y evitar la doble titulación al acabar 4° de ESO: recuperar la diversificación curricular (prolongación del PMAR) en 4° de ESO, con la posibilidad de titulación; posibilitar la titulación de quienes sigan los programas de Formación Profesional Básica; eliminar el modelo de nombramiento de directores y directoras que establece la LOMCE y restituir las competencias de los consejos escolares; suspender con carácter inmediato que la asignatura confesional de religión pueda ser evaluable y que su calificación pueda tener cualquier tipo de repercusión académica; garantizar que no se produzcan nuevos recortes en la educación pública, así como garantizar la recuperación de los recursos materiales y humanos destinados a la misma; restituir las ratios, horarios y condiciones de trabajo para todo el profesorado previas al Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo; convocar de manera inmediata a la Conferencia Sectorial de Educación para acordar la aplicación de todas estas medidas y definir todas aquellas de urgencia en la aplicación y desarrollo de la LOMCE; y convocar de manera urgente la Conferencia Sectorial de Educación para acordar con los Gobiernos autonómicos estas medias de urgencia.