La candidata del PSOE a la Alcaldía de Molina de Segura, Esther Clavero, denuncia que el alcalde, Eduardo Contreras, no ha respondido en el pleno a las doce preguntas de la oposición sobre la licencia de construcción de la gasolinera de Altorreal, concedida por el Ayuntamiento en marzo de 2011 y que un juzgado ha anulado recientemente tras un recurso de los vecinos. "Las pocas explicaciones que ha dado el alcalde son incoherentes y contradictorias", afirma Clavero.

Además, critica que el PP haya rechazado la moción conjunta presentada por los grupos de la oposición, PSOE, IU-Verdes, UPyD y Ciudadanos, en la que, entre otras cuestiones, se pedía que el Ayuntamiento acatara la sentencia, no la recurriera y aprobara una comisión de investigación sobre la polémica gasolinera.

Clavero asegura que "Eduardo Contreras no ha estado a la altura de las circunstancias y sus palabras han estado repletas de incoherencias. Primero ha admitido que es cierto que algo ha debido hacer mal el Ayuntamiento a la vista de la sentencia y acto seguido ha dicho que recurre el fallo judicial porque cree que ha hecho las cosas bien. No hay quién lo entienda. Además, según sus palabras, sólo considera responsables de la situación a los técnicos municipales que elaboraron los informes, por lo que también escurre el bulto".

En el pleno, Clavero reprochó a Contreras "haber decidido políticamente poner una gasolinera al lado de viviendas. Pero la vergüenza es haber dejado a los vecinos en la absoluta indefensión, teniendo que llegar a poner un recurso contencioso-administrativo".

Las doce preguntas planteadas por la oposición son las siguientes:

1. ¿Quién y cuándo dio la orden de cambiar la ficha API Altorreal?2. ¿Cuáles fueron las razones para realizar el cambio? 3. ¿Se informó jurídica y técnicamente sobre la posibilidad de llevar a cabo el cambio en la ficha una vez que la misma ya había sido sometida a exposición pública?4. ¿Cómo se explica que el cambio en la ficha API fuera frontalmente contrario a la resolución del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de 2003?. ¿Por qué ni el propietario de la parcela que instó el expediente de error material (Urbis) ni el Ayuntamiento recurrieron la resolución del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma cuando eso ocurrió?¿no demuestra ello que tanto propietario como Ayuntamiento estaban conformes con la resolución?.5. ¿Por qué no se tuvo en cuenta la resolución del Consejo de Gobierno de 2003 a la hora de conceder la licencia de obras a la gasolinera? ¿Quién es el responsable de que no se tuviera en cuenta el contenido de dicha resolución? 6. ¿Por qué en 2007, ya aprobado el PGOU, se concedió licencia a la propietaria del terreno Uubiscon la calificación EP-2?7. ¿Qué cambia entre 2007 y 2001 para que lo que inicialmente era EP-2 pasase a ser CC-2?.8. ¿Sabía el Ayuntamiento que DISA Península firmó contrato privado con Laborda Inmuebles en el año 2.009, por el cual DISA abonaría 1.200.000 € por la parcela de 1.500 m2, condicionado a la obtención de las licencias urbanísticas?.9. ¿Pudieron ser los 1.200.000 € los que facilitaron el cambio de postura del Ayuntamiento?.10. Si el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma dijo que la parcela era EP-2, si los vecinos de Altorreal unánimemente se opusieron a la construcción de la gasolinera, si la ficha API se cambió de manera manifiestamente ilegal, si el cambio de la ficha contradecía frontalmente el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, ¿de qué técnicos y políticos es responsabilidad que se concediera la licencia? 11. ¿Modificará el PGOU en contra de la mayoría de los vecinos de Altorreal?12. A la vista del dinero pagado por la parcela (muy superior a su valor de mercado) y del hecho de que ese pago se condicionara a la obtención de las licencias, del hecho de que en 2007 para el Ayuntamiento la parcela era EP-2 y en 2011, por arte de magia pasó a ser CC-2, por el hecho de que la ficha API se cambiara en contra del procedimiento legalmente previsto y que además su contenido fuera contrario a una resolución que resolvía de manera expresa y firme la calificación de la parcela y por el hecho de contar frontalmente desde el principio con el rechazo de la oposición y de los vecinos de Altorreal, comprenderá que la oposición en pleno esté escandalizada: ¿Se siente responsable, volvería a otorgar la licencia, repercutirán en los ciudadanos de Molina las consecuencias económicas de la nulidad de la licencia o las asumirán los políticos y técnicos que nos han llevado a esta situación?