Los dos Decretos Leyes aprobados durante el periodo de aislamiento por la COVID-19 agrandan la sombra del ecocidio sobre el Mar Menor según Pacto por el Mar Menor.
A pesar de las bondades declaradas en el Preámbulo de ambos Decretos Leyes, y la declaración de agilización de trámites medioambientales para pequeñas empresas y autónomos "sostenibles", el Decreto-Ley n° 5/2020 de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de medio ambiente contiene varios artículos en los que se permite un aumento de vertidos y contaminantes, que pasarían del 15% de la ley anterior al 30%, lo que contribuiría sin duda a empeorar el ya deteriorado estado del Mar Menor.
Por otro lado el Decreto Ley n° 3/2020 de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de vivienda e infraestructuras, deja a la ciudadanía y al medio ambiente indefensos. Así, proyectos urbanísticos como el Plan Parcial del Vivero, entre otros, quedarán en manos de la Administración local de Cartagena, sin capacidad para detener tropelías ambientales como las ocurridas en Mar de Cristal, Calblanque y Sierra Minera..
Además, este segundo Decreto Ley declara la intención de intensificar la participación de la sociedad , y sin embargo omite las medidas concretas para esa participación real y efectiva contemplada en el Convenio de Aarhus. ¿Seguimos con brindis al sol mientras el deterioro del Mar Menor continúa?