“Nada se parece más a la injusticia que la justicia tardía”, con esa frase del filósofo, político y orador romano, Séneca, el edil de la coalición de izquierdas, Pedro Sosa, ha querido sintetizar el padecimiento que sufren desde hace años cerca de 200 familias lorquinas afectadas por los terremotos de 2011, que, esencialmente, fueron quienes habitaban las viviendas más dañadas y que tuvieron que desalojarlas e irse de alquiler -hasta fuera de Lorca- mientras sus casas eran demolidas y/o reconstruidas.
Sosa ha comparecido esta mañana en rueda de prensa, acompañado de un numeroso grupo de lorquinos afectados, que ha llenado la sala de cabildos del Ayuntamiento, que, como ha recordado el edil de izquierdas en varias ocasiones, se trata del mismo espacio público municipal en el que se sentaron hace más de una década el entonces alcalde de Lorca, Francisco Jódar, el a la sazón presidente de la CARM, Ramón Luis Valcárcel y quien ostentaba el cargo de vicepresidente de España, Alfredo Pérez Rubalcaba. Los tres políticos citados llegaron a un acuerdo sobre el que se cimentó toda la política de ayudas a la reconstrucción y que sentó las bases de los criterios que deberían reunir los vecinos de Lorca para acceder a ellas y los procedimientos para solicitarlas.
Tanto Sosa, como los vecinos que han hablado en representación de todos los afectados, han recordado que pese a que ellos reunían todos los requisitos y pese a que se amoldaron oportunamente a todos los procedimientos, lo cierto es que en estos más de 12 años y medio desde el terremoto son muchas ya las personas damnificadas que han muerto sin poder ver reconstruidas sus viviendas o pagando préstamos, pólizas o rehipotecas ante la injustificable lentitud y descoordinación de dos Administraciones (la autonómica y la estatal) que deberían estar más atentas a un colectivo tan amplio de gente sencilla cuya calidad de vida se ha vista muy mermada por esta ineficiencia política.
Cabe recordar que las ayudas tenían el carácter de pago anticipado, y que los afectados han cumplido con su objeto y presentaron hace años toda la documentación que acreditaba que habían terminado las obras. A pesar de ello, “siguen presos de la burocracia”.
También fruto de esa presión, el pasado año, los Presupuestos Generales del Estado incluyeron una partida de 45.000 euros para terminar de abonar las ayudas para el alquiler a 13 familias lorquinas. Los de 2023 incorporaron otra de 900.000 euros para que el Gobierno central terminara de pagar su parte de las ayudas para reconstrucción. Sin embargo, cuando apenas si queda un mes de vigencia de esos presupuestos para 2023, los afectados siguen sin haber recibido las cantidades que se les adeudan y sin poder cerrar esta amarga página de sus vidas
Sosa, antes de dar la palabra a los vecinos afectados, ha recordado el ingente trabajo que realizó su grupo político, y el extraordinario esfuerzo de su compañera en la anterior corporación, Gloria Martín, atendiendo a centenares de afectados. Una labor que después, para desgracia de la izquierda en Lorca, no tuvo su reflejo en las urnas de las elecciones municipales.
No obstante, la presencia de un único concejal de izquierdas en la actual corporación ha permitido al menos volver a plantear este asunto en Pleno, en un ruego en el que se demandaba que “a la mayor celeridad posible el Alcalde de Lorca abandere las gestiones precisas para que el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana transfiera a la Consejería de Fomento de la CARM las cantidades que aún se adeudan a los beneficiarios de ayudas al alquiler y a la reconstrucción, y que esas cantidades sean transferidas asimismo a los damnificados con la misma celeridad”.
Los tres representantes del colectivo que han hablado, José Méndez, Balbina Piqueras y Pedro Miñarro, vuelven a exigir celeridad e incluso avanzan que reformarán sus protestas, y han abundado en el ingrato recorrido padecido tocando durante muchos años y en muchas ocasiones a todos los despachos posibles y, también, en el recuerdo y la memoria a sus familias, algunos de cuyos miembros se quedaron en el camino esperando que las administraciones públicas cumplieron con sus obligaciones y compromisos.