Asuntos fundamentales para el barrio de San Cristóbal, pactados con IU-V, siguen aparcados cuando apenas quedan unos meses para que concluya el mandato de la actual Corporación local
El desarrollo de la Unidad de Actuación 23 del PGMO, imprescindible para disponer del suelo en el que construir el SUAP del Barrio, y la demolición de edificaciones ruinosas para terminar el Parque Curtidores y comunicar la calle Mayor con San Diego, siguen sin tener cobertura presupuestaria
08.02.2023. El portavoz local de Izquierda Unida Verdes, Pedro Sosa, ha vuelto a “poner en la picota” de los peores políticos locales de todos los tiempos al concejal de Hacienda, Isidro Abellán. IU centra en ese edil, responsable de las cuentas municipales, el reiterado incumplimiento de las disposiciones de la Ley de Haciendas Locales y de la Ley de Bases de Régimen Local que establecen mandatos vinculantes claros y precisos en torno a la elaboración, presentación y aprobación de los presupuestos municipales. Unos mandatos que ese concejal, y el alcalde de Lorca, están incumpliendo a conciencia para intentar eludir su obligación de someter los gastos públicos de 2023 a la disciplina de un presupuesto.
No quieren sujetarse a un presupuesto y ya estamos empezando a asistir a las consecuencias de ello. No es la primera vez que lo hacen, pero en esta ocasión es más grave aún, ya que, a diferencia de otros ejercicios, sin una herramienta presupuestaria en un año como 2023, en el que a su mitad se cierra el actual mandato corporativo, quienes mandan pueden vaciar con más comodidad las arcas del Ayuntamiento antes del último domingo de mayo, dificultando en extremo la gestión de la nueva corporación municipal que saldrá de las elecciones municipales del próximo mayo. Y también, como ha sido el caso esta mañana, para atender una inversión en Almendricos de nada menos que 600.000 euros, se escudan en esa falta de presupuesto local, de la que son únicos responsables, para recurrir al endeudamiento con los bancos y buscar dinero con el que hacer frente a obligaciones que debieran estar consignadas en un presupuesto, generando una deuda que, de nuevo, cargan sobre las espaldas de las corporaciones venideras y los lorquinos del futuro.
Mientras tanto, asuntos fundamentales para el barrio de San Cristóbal, pactados con IU tanto en 2019 con la investidura del alcalde, como en el presupuesto ahora prorrogado del pasado año, siguen aparcados cuando apenas quedan unos meses para que concluya el mandato de la actual Corporación local. Sosa afirma que el desarrollo de la Unidad de Actuación 23 del PGMO, imprescindible para disponer del suelo en el que construir el Servicio de Urgencias y Atención Primaria (SUAP) del Barrio, y la demolición de edificaciones ruinosas para terminar el Parque Curtidores y comunicar la calle Mayor con San Diego, siguen sin tener cobertura presupuestaria pese a los pactos, promesas y acuerdos.