Para la concejala de Izquierda Unida-Verdes, Gloria Martín se trata de una "confiscación en toda regla" perpetrada por un Ayuntamiento "que está haciendo urbanismo a las bravas, con pleno conocimiento de que está vulnerando la ley y pisoteando el derecho a la propiedad privada de familias trabajadoras". Al respecto, se ha preguntado si el equipo de Gobierno estaría obrando con la misma "desfachatez" si en vez de personas humildes se tratara de propietarios más poderosos y con mayor capacidad de presión
La concejala de Izquierda Unida-Verdes, Gloria Martín, ha denunciado nuevos casos de expropiaciones sin indemnizar por parte del Ayuntamiento de Lorca en relación con el tramo uno de la Ronda Central, que une la carretera N-340, en el barrio Apolonia, con la glorieta de San Diego.
La edil de IU-Verdes reprochó al equipo de Gobierno municipal que a las familias afectadas por el procedimiento de ocupación directa no se les haya compensado aún su pérdida patrimonial con la adjudicación de otros terrenos de valor equivalente, y que tampoco estén recibiendo indemnización alguna por el período de tiempo que media desde la ocupación hasta la aprobación definitiva del instrumento urbanístico por el que se les adjudiquen sus nuevas propiedades. Una indemnización contemplada en el artículo 112 de la Ley de Expropiación Forzosa que el Ayuntamiento, declarado en rebeldía, según Martín, está incumpliendo flagrantemente.
Para la concejala de Izquierda Unida-Verdes se trata de una "confiscación en toda regla" perpetrada por un Ayuntamiento "que está haciendo urbanismo a las bravas, con pleno conocimiento de que está vulnerando la ley y pisoteando el derecho a la propiedad privada de familias trabajadoras". Al respecto, se ha preguntado si el equipo de Gobierno estaría obrando con la misma "desfachatez" si en vez de personas humildes se tratara de propietarios más poderosos y con mayor capacidad de presión.
Gloria Martín recordó que a estas familias se unen otras doce también afectadas por las expropiaciones efectuadas en 2017 para la construcción de la fase II de la Ronda Central, en el tramo comprendido desde la nueva glorieta de San Diego hasta el Huerto de la Rueda. Un procedimiento expropiatorio que sólo contó con la oposición de Izquierda Unida-Verdes en el Pleno Municipal.
En este caso, las expropiaciones también se llevaron a cabo por el procedimiento de ocupación directa de los terrenos, una fórmula recordó Gloria Martín mediante la que los propietarios no son indemnizados por el valor del suelo, como sucede en la expropiación forzosa, sino que, a cambio, se les reconoce aprovechamiento urbanístico en una unidad de actuación, de iniciativa privada, para lo que contraen la responsabilidad de su ejecución asumiendo sus costes. Es decir, no sólo son expropiados sin percibir ni un euro, sino que además son obligados a financiar los gastos de urbanización de dicha unidad de actuación mediante un importante desembolso económico.
Sin embargo, los sucesivos gobiernos municipales de PP y de PSOE y Cs han dado lugar a que haya transcurrido el plazo de cuatro años contemplado en el artículo 226.4 de la Ley 13/15, de 30 marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia, de que disponía el Ayuntamiento para aprobar los proyectos de reparcelación de las unidades de actuación en la que debía haberse integrado a estos propietarios, "sin hacer absolutamente nada".
"Llevamos denunciando esta injusticia desde el año 2018 y, en este tiempo, ni el anterior alcalde, Fulgencio Gil (PP), ni el actual, Diego José Mateos (PSOE) no han movido un dedo para compensar a los afectados, así que más que de expropiación tenemos que hablar de usurpación", se quejó Gloria Martín.
Por ello, la edil de IU-Verdes ha anunciado que su formación elevará una moción al próximo Pleno que fuerce al Ayuntamiento a llegar a acuerdos con las familias expropiadas para que les sean adjudicados terrenos que les compensen por su pérdida patrimonial y para que también se les indemnice por las ocupaciones temporales, en los términos establecidos en la legislación del Estado.
Además, la concejala de IU-Verdes ha animado a los vecinos inmersos en esta problemática a constituirse en asociación de afectados y a pelear sus derechos ante la justicia, para lo que ha ofrecido todo el apoyo de su grupo municipal en materia de asesoramiento, además de darles voz en las instituciones que les representan.