La concejala de esta formación, Gloria Martín, ha anunciado que su formación facilitará un modelo de alegación a las ordenanzas fiscales, aprobadas de manera provisional, que se podrá presentar hasta el 6 de diciembre. “Queremos que la bonificación del 75% del IBI revierta en la rebaja de alquileres para quienes luchan por sacar adelante sus pequeños negocios”, aseguró
Izquierda Unida-Verdes ha hecho un llamamiento al comercio minorista y a los hosteleros del municipio para que presenten alegaciones al acuerdo provisional del Pleno por el que PSOE, C’s y VOX han decidido aplicar una bonificación del 75% en el IBI en los locales que cerraron por el estado de alarma, “sin garantizar que eso revertirá en la rebaja de alquileres para quienes luchan por sacar adelante sus pequeños negocios”.
La concejala de esta formación, Gloria Martín, explicó que la ordenanza fiscal reguladora del IBI, tal y como ha quedado redactada, permitirá que cualquier propietario de un local en arrendamiento pueda beneficiarse de esta bonificación “aunque no haya aplicado moratorias, aplazamientos en el pago, reducciones de renta, o cualquier otra medida similar en favor de su inquilino y titular de la actividad comercial”.
Martín aseguró que esta ordenanza provisional “incumple el principio de legalidad”, ya que la bonificación debe vincularse, por ley, a una declaración de interés o utilidad municipal, y el equipo de gobierno “no piensa exigir a los propietarios de estos locales que acrediten que han prestado apoyo efectivo a las pymes o a los trabajadores autónomos que desarrollan su actividad comercial en ellos”.
Para la concejala de IU-Verdes, es “contrario a Derecho”, que quienes no facilitaron la aplicación de medidas extraordinarias para facilitar a sus inquilinos el pago de renta durante el estado de alarma, “ahora se vean premiados con una bonificación del 75% del IBI”.
Por ello, para Martín, es necesario que cuando el sujeto pasivo del impuesto no coincida con el titular de la actividad que se desarrolla en el inmueble, que son la mayoría de los casos en Lorca, los propietarios acrediten qué medidas adoptaron en favor de autónomos y pymes. “Son tiempos duros y la exigencia de solidaridad debe ser para todos, no para que unos pocos se aprovechen de medidas teóricamente pensadas para mantener la actividad comercial y el empleo”.
Gloria Martín explicó que esto es exactamente lo que ha hecho, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, “que no está gobernado precisamente por comunistas”. Fue la experiencia que se desarrolla en la capital de España desde el pasado mes de mayo, la que sirvió como base jurídica de la enmienda defendida por Izquierda Unida en el Pleno del pasado jueves y que fue “tumbada” por PSOE, C’s y VOX. “Ellos se escudaron en el criterio desfavorable de los servicios técnicos municipales, sin darnos la oportunidad de rebatir con otros informes y con otras normativas ya aprobadas y en funcionamiento en otros ayuntamientos del país”. Al respecto, señaló que, cuando ha querido, el equipo de gobierno de Diego José Mateos “ha prescindido del visto bueno de los funcionarios municipales”. Por ejemplo el año pasado, cuando las presiones de IU consiguieron que se congelaran los precios públicos en contra del Plan de Ajuste que establece una subida anual del 5% hasta el 2022. “Este año no había interés en negociar con IU porque ya habían buscado los apoyos en la ultraderecha, aunque ello haya ido en perjuicio del interés de la clase trabajadora a la que defendemos”, dijo la edil.
Gloria Martín anunció que su partido ha iniciado una ronda de contactos con las principales asociaciones de comerciantes y hosteleros del municipio para explicarles su posición. “Queremos animar a los afectados a ejercer sus derechos para forzar la marcha atrás de una medida injusta que podría terminar bonificando el IBI a los rentistas, con nulo beneficio para quienes se levantan a las seis de la mañana para poner en marcha sus negocios”, dijo la edil. Para ello, Izquierda Unida facilitará un modelo de alegación que también podrá descargarse en internet y que debe ser presentado en el Registro del Ayuntamiento antes del 6 de diciembre. “Nuestros comerciantes tienen la oportunidad de exigir al gobierno municipal la mejora de una ordenanza que ahora mismo no sirve al objeto de paliar la falta de ingresos que están sufriendo y que pone en serio riesgo la continuidad de sus actividades”, dijo Martín.