La concejala de esta formación, Gloria Martín, asegura que la CARM utiliza "argucias de leguleyo" para hacer una interpretación "negligente" de la ley, sin ninguna base jurídica y con el único fin de "sangrar" a los afectados siete año después de los seísmos

La concejala de Izquierda Unida-Verdes, Gloria Martín, ha pedido al Alcalde de Lorca, Fulgencio Gil (PP), "que se digne de una vez" a solicitar al Consejo Jurídico de la Región de Murcia un dictamen facultativo que clarifique cuál es el cómputo a aplicar para calcular la prescripción del derecho de la Comunidad Autónoma a exigir la devolución de las ayudas por los terremotos.

Martín realizó esta petición por escrito el pasado 18 de enero, sin que el alcalde le haya dado trámite a pesar de que lo que está en juego es la tranquilidad de sus propios votantes "que son los que le pagan el sueldo", aseveró.

La edil ha explicado que, en respuesta a la alegación planteada por un vecino que recibió asesoramiento en la oficina del grupo municipal de IU-Verdes, la CARM utiliza "argucias de leguleyo" para hacer una interpretación "negligente" de la ley, sin ninguna base jurídica y con el único fin de "sangrar" a los afectados.

Gloria Martín explicó que, según el art. 39.2 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el inicio del cómputo de prescripción (que es de cuatro años)es "el momento en que vence el plazo para presentar la justificación". Es decir, seis meses después de que el afectado haya terminado la obra, que es justo lo que dice el art. 10.3 del Decreto 68/2011: "la justificación se realizará en el plazo de los 6 mesessiguientes a la realización de las obras".

Sin embargo, la CARM dicta su particular criterio que no es otro que aplicar, indistintamente sea cual sea la casuística de los afectados, un plazo fijo de 18 meses para que empiece a correr el plazo de prescripción, a contar desde que se produjo el abono de la ayuda.

Esto es así porque la CARM no tiene en cuenta que el plazo legal de ejecución de las obras de reparación -que es de 12 meses- no siempre (de hecho, casi nunca) fue agotado por los afectados. "Ellos dicen: tenías 12 meses para reparar y otros seis para justificar, sin tener en cuenta la fecha real del fin de la obra y saltándose a la torera el decreto", explicó Martín. De ese modo aumentan los plazos en perjuicio de los daminificados.

Sin embargo, a juicio de IU y de todos los asesores jurídicos con los que esta formación ha consultado, para el cómputo de la prescripción han de tomarse en consideración los plazos para la justificación establecidos en las bases, que son seis meses desde la finalización de las obras. "El dies a quo para el cómputo del plazo de prescripción comienza, pues, transcurridos esos seis meses desde la fecha de terminación de las obras subvencionadas, dato que se puede demostrar documentalmente mediante las facturas", dijo la edil, quien también fundamentó su argumento basándose en sentencias judiciales.

Martín, quien recordó que este viernes se cumplen siete años desde los seísmos, acusó a la Administración regional de haber tenido paralizado durante años el procedimiento administrativo de justificación de las ayudas "por puro interés electoral". "No querían pedir la devolución en 2015 porque había elecciones municipales, ni en el 2016 porque había Generales, por lo que dieron lugar a esperar a 2017 cuando no había convocatorias electorales", aseguró. "Durante años, la CARM no ha controlado un dinero que es público, y ahora debe asumir que sus derechos pueden haber prescrito en beneficio de los afectados".

Al respecto, la concejala de IU aseguró que ha recibido llamadas de funcionarios de la consejería de Fomento que le confirman dicho extremo y que, además, se quejan del trato que reciben por parte de la secretaria general, Yolanda Muñoz. "Nos cuentan que el lío que tiene montado esta mujer es monumental, que no atiende a criterio técnico alguno y que sus directrices obedecen únicamente a un interés partidario", lamentó.

Por ello, volvió a pedir a Gil que "se tome la molestia" de hacer algo por los miles de lorquinos que padecen esta angustiosa situación y envíe un simple requerimiento al Consejo Jurídico de la Región de Murcia de modo que se arroje luz sobre la cuestión.