"Los presupuestos regionales de 2018 en materia de política social no están en consonancia con la situación de pobreza creciente en la Región de Murcia". Así de tajantes lo manifiestan desde IURM-Verdes, quienes opinan que los presupuestos, tanto de la Consejería de Familia e igualdad de oportunidades como del IMAS, en sus diferentes colectivos y secciones, son continuistas con respecto a años anteriores a pesar de la leve subida generalizada que presentan y evidencian que para el gobierno regional la política social continúa siendo un gasto y no una inversión.

Afirman que el creciente aumento de la situación de pobreza y exclusión de la población, así como el empeoramiento social y económico de las condiciones de vida de los murcianos y murcianas, situándonos en tasas de pobreza por encima de la media nacional que rozan el 40%, son motivo más que suficiente para que esta consejería hubiera experimentado un aumento mucho mayor, tanto por los largos años de recortes brutales que ha sufrido durante la crisis, como por la falta de inversiones sociales de los últimos tiempos.

La crítica se fundamenta al "escudriñar" las asignaciones presupuestarias de los diferentes servicios y prestaciones. De tal forma, las transferencias para prestaciones básicas a servicios sociales municipales de los ayuntamientos se mantienen en el nivel más bajo de los últimos años, tras los mayores recortes sufridos.

De igual forma, entre las ayudas dirigidas a colectivos desfavorecidos se encuentran las destinadas a las corporaciones locales para la lucha contra la pobreza energética, cantidad que asciende a un millón de euros para el conjunto de la región, lo que califican desde IU-Verdes como ridículo teniendo en cuenta el panorama social antes descrito y tantas veces denunciado por ONG,S y formaciones políticas como la nuestra.

En cuanto a las personas mayores y a las personas con discapacidad, desde la formación de izquierdas manifiestan que las mayores inversiones se producen en subvencionar a entidades del tercer sector a través de convenios y/o conciertos, obteniendo en algunos casos mayor financiación que los propios centros de servicios sociales y demostrando una vez más la falta de iniciativa del gobierno regional para implementar servicios sociales públicos desde la administración regional, optando de nuevo por la externalización de servicios tan básicos y necesarios como los centros residenciales, centros de día, estancias diurnas, teleasistencia, ayuda a domicilio, etc.

En cuanto a la dependencia, se evidencia la tendencia del gobierno de Murcia de hacer norma de la excepción, apostando por las ayudas económicas para el cuidado de familiares dependientes por encima de la inversión en servicios, al contrario de lo que contempla la propia ley, destinando 59 millones de euros a este concepto, al tiempo que no está prevista ninguna partida presupuestaria para la creación de nuevos recursos sociales vinculados a las personas dependientes, ni públicos ni privados.

En lo referido a las ayudas, manifiestan nuevamente la evidencia de la continuidad en la línea política y califican de vergonzosas las cantidades contempladas en ayudas especialmente importantes como los programas de inserción que apenas alcanzan los 400.000 euros en un contexto de preocupante crecimiento de la exclusión social y la pobreza; las ayudas individualizadas a personas mayores, que rondan el medio millón de euros (a pesar del envejecimiento de la población, de la feminización de la pobreza, de tener las pensiones más bajas del país y por ello, del empobrecimiento de las personas mayores) o la propia renta básica de inserción, que, a pesar del incremento que ha experimentado, continúa siendo insuficiente para cubrir las necesidades básicas de un amplio sector de la población que no puede vivir en condiciones dignas.

Por último, en cuanto a las políticas de igualdad del gobierno de López Miras, desde IURM-Verdes destacan que son claramente insuficientes, de hecho, no solo no tienen prevista ninguna subida, sino que incluso el presupuesto para 2018 es algo menor con respecto al ejercicio anterior y en cualquier caso, muy por debajo de los casi cinco millones y medio de 2010 y sin contemplar la recuperación del desaparecido Instituto de la Mujer de la Región de Murcia.

Tampoco la prevención de la violencia de género parece ser una prioridad para el gobierno regional, ya que el incremento de 246.000 euros con respecto a 2017, situándose en un total de 2.444.433 en 2018 queda muy lejos de los 10.733.195 de 2009 o de los 7.818.981 de 2012, poniendo de manifiesto una vez más donde se han producido los mayores recortes.