El local, de titularidad municipal, está siendo explotado con trabajadoras que se pagan su propio seguro y que no perciben salario. No ha existido un procedimiento administrativo de licitación del contrato de servicios por parte del Ayuntamiento, y el centro, que ya no está destinado en exclusiva a la atención a la infancia, tampoco cuenta con una autorización en firme de cambio de uso por parte del Gobierno regional, que invirtió 300.000 euros en una infraestructura que debería estar destinada, íntegramente, a la conciliación de la vida laboral y familiar

La concejala de Izquierda Unida-Verdes, Gloria Martín, ha exigido que el Ayuntamiento de Lorca se haga cargo "de manera inmediata" de la gestión del Centro de Atención a la Infancia de La Paca y que "regule en base a la Ley su funcionamiento".

En Julio de 2014 el Ayuntamiento externalizó este servicio mediante su concesión a una empresa que resolvió el contrato en octubre de ese mismo año, sólo un mes después de la inauguración del centro. Desde entonces, la guardería ha estado en funcionamiento sin que se sacara a licitación hasta que cerró el pasado verano.

Desde hace unas semanas ha retomado su actividad mediante el impulso de una asociación cuya directiva ha confirmado a Martín que las trabajadoras "se pagan su propio seguro y no perciben sueldo", por lo que reconocen que esta situación es insostenible "a corto plazo". Martín calificó de "muy grave" que el Ayuntamiento esté consintiendo que se vulneren flagrantemente los derechos de los trabajadores utilizando un local de propiedad municipal.

Además, la edil de IU-Verdes afirma que no ha existido un procedimiento administrativo de licitación del contrato de servicios y que esta manera de proceder es "irregular" y "descarga en la buena voluntad de vecinos" la gestión de un servicio que debe regirse por procedimientos "muy escrupulosos porque hablamos de la atención de niños y niñas de 0 a 3 años".

El local, que ya no estará destinado en exclusiva a la atención a la infancia, sino que simultaneará estas funciones con otras propias de la asociación, tampoco cuenta con una autorización en firme de cambio de uso por parte del Gobierno regional, que invirtió 300.000 euros en una infraestructura al servicio, íntegramente, de la conciliación de la vida laboral y familiar. La asociación, que ya está ocupándose de la gestión del centro, tampoco cuenta con habilitación para la prestación de servicios de esta índole. Por todo ello, la edil de IU-Verdes calificó la actuación del equipo municipal del PP de "temeraria".

Martín explicó que, cuando se puso en marcha, el equipo de Gobierno municipal del PP publicitó que el centro, con capacidad para 61 niños con edades comprendidas entre los cero y los tres años, funcionaría de lunes a viernes de las 7.30 a las 18.00 horas, dispondría de servicio de comedor y fomentaría la enseñanza temprana del inglés como segundo idioma. Sin embargo, en estos momentos no están garantizados dichos servicios, ni existe siquiera acreditación del ente privado que se hace cargo de los menores.

Por todo ello, la edil de IU-Verdes exigió que sea el propio Consistorio quién gestione el centro municipal, garantizando su sostenibilidad "sin externalización ni adjudicación a empresa privada alguna". La propuesta de Martín busca que prevalezca "el interés público", así como "poner fin a la falta de garantías en la prestación de este servicio dirigido a las familias de las Tierras Altas de Lorca". Además, la gestión municipal directa redundaría positivamente en la creación de empleo y favorecería la economía de las familias usuarias mediante el establecimiento de unos precios públicos "lo más reducidos posible".

Martín recordó que los habitantes de las diputaciones pagan los mismos impuestos que los que residen en el casco urbano, sin embargo, están obligados a enfrentarse a una disminución constante de la oferta de servicios. Por ello, volvió a insistir en la necesidad de que el Ayuntamiento tome conciencia de esta "terrible desigualdad" e implemente políticas que impidan la desintegración de la estructura social en estas zonas y frenen el éxodo rural, eso sí, "respetando los procedimientos administrativos y la legislación laboral".