Adoración Peñas: “la recuperación de derechos que llega a los funcionarios debe extenderse a las personas más vulnerables como nuestros mayores”

En 2012 el Gobierno Regional adoptó un paquete de medidas para hacer frente a la crisis económica entre las que destacó por su importancia y efectos la supresión de la paga extraordinaria de diciembre de aquel año a los miles de funcionarios en nómina de la CARM.

Otras medidas de ese paquete pasaron más inadvertidas pese a que afectaban a un colectivo tan vulnerable como el de las personas mayores, usuarias de las residencias de la tercera edad de la Región, a quienes a partir de ese momento y en virtud de la Ley 6/2012 de 29 de junio sobre Medidas Tributarias, Sociales, Económicas y Administrativas de la Región de Murcia, impulsada y promovida por el grupo parlamentario Popular de la Asamblea Regional, se les empezaron a incluir las pagas extraordinarias que cobraban en la base de cálculo que determina la aportación mensual de los mismos a las residencias; una aportación que, hasta entonces, sólo tenía en cuenta las doce pagas ordinarias del año.

La concejala de IU-V en el Ayuntamiento de Lorca, Adoración Peñas, que a su vez es también la responsable regional de Política Social de IU-Verdes de la Región de Murcia, pretende que esa recuperación de derechos que por fin llega a los funcionarios, se extienda también al colectivo de las personas mayores usuarios de las residencias de la tercera edad, y para ello pretende impulsar desde Lorca, a través de una iniciativa que defenderá en el próximo pleno municipal, que sea el Ayuntamiento de nuestra localidad el que se dirija al Gobierno regional exigiendo esa recuperación de derechos para nuestros mayores. La edil de IU-V ha adelantado que la medida podría afectar a más de 200 residentes de Lorca repartidos entre las residencias de San Diego y CASER, y a cerca de 2.500 en el conjunto de la Región de Murcia usuarios de las residencias de mayores (públicas o concertadas).

La concejala de IU-V sustenta esta iniciativa afirmando que pocos colectivos sociales hay tan vulnerables como el de las personas mayores, y pese a ello, algunos de los más importantes recortes en el estado del bienestar que se han producido en los últimos años coincidentes con la crisis han tenido como perjudicados más directos a este colectivo: insuficiente financiación de los derechos de los dependientes, copago farmacéutico, drástica reducción de los servicios de atención al domicilio y otras prestaciones sociales, etc. A lo que cabría añadir los efectos en términos de pérdida efectiva y progresiva del poder adquisitivo de nuestros mayores que han supuesto las últimas reformas de las pensiones promovidas por el Gobierno de la Nación.

Adoración Peñas abunda en su argumentario afirmando que todo lo anterior contraviene las disposiciones de la Constitución Española que en su artículo 50 dispone que: “los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio”.

Cabe recordar, afirma Adoración Peñas, que este “robo continuado” realizado a nuestras personas mayores desde 2012 emulaba una iniciativa similar adoptada por el gobierno de la vecina comunidad de Castilla-La Mancha, entonces presidido por la ahora Ministra de Defensa María Dolores de Cospedal.

A partir de entonces se estableció un “agravio comparativo” respecto al resto de autonomías españolas, donde las personas mayores, y aquellas con discapacidad que viven en una residencia, disfrutan de sus pagas extras. Y ello, en opinión de la concejal de IU-V vulnera el artículo 139.1 de la Constitución, que garantiza la igualdad de todos los españoles con independencia de donde residan.

Adoración Peñas afirma que según denuncian los usuarios de residencias y los familiares de los mismos, con el dinero de las pagas extraordinarias se podían atender gastos que no cubren sus plazas de residente, tales como seguros de decesos, sillas de ruedas, vestido y calzado, prótesis o medicamentos que están fuera del sistema sanitario. Por lo tanto, durante estos años la medida del PP no ha hecho más que empobrecer a nuestros mayores que, por otro lado, ya estaban de por si en la cola de las pensiones españolas.

Adoración Peñas espera que el Ayuntamiento de Lorca sea receptivo a esta iniciativa que pretende instar al Consejo de Gobierno de la CARM a que realice de manera urgente los trámites precisos para que los usuarios de las residencias de mayores -públicas y concertadas- recobren sus pagas extraordinarias, dejando de estar sujetas a la base de cálculo que determina las aportaciones mensuales por plaza de residente.

De no ser así, la Concejala de IU-V y responsable regional de Política Social de IU-V-RM, no descarta llevar el asunto al Defensor del Pueblo de España sobre la base del agravio que implica para los mayores residir en una comunidad autónoma como la de Murcia, además de la vulneración evidente del principio de igualdad de todos los españoles con independencia de su residencia.