Como saben, el próximo viernes día 23 va a celebrarse el pleno extraordinario sobre los presupuestos de 2017.

Este Grupo Municipal votará en contra de estos presupuestos por considerarlos un “copia y pega” de los de 2016.

El concejal nos explica la postura de su partido: “El equipo de gobierno se niega a aceptar todas las propuestas de mejora en la gestión económica del Ayuntamiento y las empresas públicas, que suponen un gasto total de más de 100 millones de euros. Desde Ciudadanos consideramos que se puede ahorrar en torno a los 10 millones de euros anuales con unos mecanismos de control normales en cualquier empresa privada o en la propia economía doméstica”.

Esta cantidad se desprende de las siguientes partidas:

·         Gasto corriente del Ayuntamiento, unos 17 millones de euros en suministros, servicios y obras menores podrían bajar un 20% solamente con un órgano colegiado que se encargara de su control, es decir, que no se haga a dedo.

·         Aguas de Lorca, una presunta administración desleal que tiene como consecuencia unos sobrecostes de unos 5 millones de euros al año.

·         Limusa, un consejo de administración que no ejerce sus funciones, es el gerente de la empresa el que toma todas las decisiones de contratación, compra de material, vehículos, obras, etc. Mayor control de la empresa podría generar una mejor gestión económica y por tanto, un ahorro en los gastos.

“Desde este Grupo Municipal hemos hecho muchas propuestas para mejorar los ingresos: lucha contra la economía sumergida, recuperación del casco histórico como motor económico del comercio, departamento de subvenciones, etc. Para la mejor gestión del gasto hemos presentado soluciones: eliminar y renegociar alquileres, pedir tres presupuestos, regular los contratos menores, recuperar el control de las empresas públicas, etc”, explicación de mejoras ingresos y gastos del portavoz de Ciudadanos.

Ninguna de estas propuestas ha sido aceptada hasta ahora y por tanto no van a aceptar que la solución económica del consistorio siga siendo la subida de impuestos, especialmente el IBI, un impuesto injusto que continua sin solución y que obliga a los contribuyentes a acudir a la justicia.