El equipo de gobierno municipal lleva al Pleno la reclasificación como "Suelo No Urbanizable Inadecuado", la finca 'Casas de Osete', ubicada en la diputación de La Paca, considerada "Suelo Urbano de Núcleo Rural",obviando los procedimientos administrativos legalmente establecidos, según informó Gloria Martín

El grupo municipal de Izquierda Unida-Verdes en el Ayuntamiento de Lorca ha denunciado un acto "improcedente" desde el punto de vista administrativo, "chapucero" desde el punto de vista técnico y "absolutamente injusto" desde el punto de vista social, por el que el equipo de Gobierno del Partido Popular pretende volver a clasificar como "Suelo No Urbanizable Inadecuado", la finca 'Casas de Osete', ubicada en la diputación de La Paca, considerada "Suelo urbano de núcleo rural" por el PGOM de 2005.

La concejala de Izquierda Unida, Gloria Martín, ha alertado de que el consistorio estaría incurriendo en un acto "nulo de pleno derecho", tal y como apuntan varias sentencias dictadas por diferentes Tribunales Superiores de Justicia, incluido el de la Región de Murcia, y por el Tribunal Supremo.

La fórmula que pretende adoptar el equipo de Gobierno del PP apela a un "error material" en la redacción del Plan General cuando, para poder aplicar el mecanismo procedimental de rectificación de errores materiales o de hecho, se requiere que concurran unas circunstancias muy concretas que no se dan en este caso. En ese sentido, recordó que lo que plantea el PP "no es la rectificación de una fecha, ni del apellido de un propietario, ni de un número de DNI" y que para su subsanación, "un error material no requiere un informe de seis páginas del Servicio de Planeamiento y Gestión". Por eso, afirmó que la intención de los populares es la de alterar de manera fundamental el sentido del Plan General en lo que tiene que ver con la Venta de Osete, cuyos propietarios pretenden recuperar para dicho terreno la clasificación de suelo no urbanizable que tenía hasta 2005. "No se trata de subsanar un error material, sino de practicar una auténtica revisión y modificación de la clasificación del suelo en lo que afecta a esta finca, saltándose a la torera el procedimiento reglado de modificación del Plan General que incluye la información pública y abrir un plazo para presentar alegaciones", dijo Martín.

La concejala de Izquierda Unida advirtió al equipo de Gobierno que, de acometerse esa modificación, se sentará un precedente para que cualquier ciudadano o ciudadana que lo desee pueda solicitar al Pleno la adecuación, a conveniencia, de la clasificación del suelo del que es propietario mediante un "borrón" en el Plan General.

Por otra parte, Martín manifestó su extrañeza porque los propietarios de la Venta de Osete hayan necesitado once años para percatarse de que su finca era objeto de un "error material" en el Plan General. Al respecto comentó que, probablemente, la finca fue adquirida con la intención de ser desarrollada urbanísticamente o de ser vendida a otros promotores. Y es que se trata de los mismos propietarios que, en el año 2005, firmaron con el Ayuntamiento de Lorca un convenio urbanístico para el desarrollo de una zona residencial en la diputación de La Paca. Un convenio que, tras ser incumplido porque el Ayuntamiento no solventó a tiempolos trámites administrativos para la ejecución del mismo, fue objeto de la presentación de un recurso contencioso-administrativo por parte de los promotores, que se saldó con una sentencia desfavorable para el Consistorio y con la devolución de más de 720.000 euros que hubieron de salir de las arcas municipales.

Para la edil de IU, la falta de expectativas de negocio que generó la caída del ladrillo, ha originado que algunos propietarios se hayan cansado de que sus fincas generen ciertos gastos sujetos a una determinada clasificación de un suelo que nunca ha dejado de ser un erial, "aunque ellos soñasen en su momento con hacer el negocio del siglo en base a un actividad que, al final, nos sumió a todos en una profunda crisis inmobiliaria que aún estamos pagando".

Por ello, aseguró "el Grupo Municipal de Izquierda Unida-Verdes no va a ser cómplice de un urbanismo a la carta ideado para satisfacer las demandas de unos propietarios concretos" cuando, además, para hacerlo, la Corporación "tiene que incurrir en actos nulos de pleno derecho y obviar los procedimientos administrativos legalmente establecidos".

Para Martín, el acuerdo es, además, "una chapuza técnica" porque no contempla la situación fuera de ordenación en que quedan las edificaciones contenidas en una parcela que mide menos de 20.000 m2, lo que vulnera el artículo 112 de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, que obliga a identificar esas situaciones y a fijar en el Plan, entre otras cuestiones, los márgenes de tolerancia precisos para ajustar el alcance de este régimen a las edificaciones incompatibles con la ordenación.

Y se trata también de una "injusticia social" porque "deja en la estacada" a centenares de propietarios cuyas fincas fueron reclasificadas sin ellos pedirlo, y ahora tienen que hacer frente a un recibo de la contribución "desorbitado". Como ejemplo, citó el caso de una vecina de La Paca que subsiste gracias a la ayuda familiar de poco más de 400 euros y que posee una finca, herencia familiar, de 1.216 m2 por la que tiene que pagar 1.041 euros en concepto de impuesto de bienes inmuebles. "Una finca plantada de olivos, valorada catastralmente en 140.225 euros en virtud de una reclasificación urbanística que esta propietaria no pidió, con la que jamás tuvo intención de especular o hacer el negocio de su vida… Un trozo de tierra heredada de sus antepasados que ahora le está causando la ruina", aseguró Gloria Martín.

La concejala de Izquierda Unida señaló que su formación está dispuesta a abordar la modificación de un Plan General que calificó de "desfasado" y que "siempre ha sonado a ciencia ficción" porque contemplaba un crecimiento de la población en torno a los 400.000 habitantes que jamás se ha dado, y porque "no atiende a las necesidades de la población, ni de la actividad económica y no aporta soluciones a los desafíos que se plantean día tras día". Sin embargo, estableció como condiciones resolver la situación de los propietarios afectados injustamente por la reclasificación, devolver a su estado original los espacios naturales protegidos, y abordar un planeamiento urbanístico justo, racional, sostenible, que contemple los derechos de las personas frente, por ejemplo, el sector ganadero.