Desde la Gerencia nos hemos limitado a dar cumplimiento a las obligaciones que el Ayuntamiento de Lorca adquirió en su momento con los promotores del expediente de Villarreal y ser coherentes con los acuerdos adoptados por el Pleno Municipal. El convenio urbanístico, que en su día se firmó por el anterior equipo de gobierno, ya contemplaba la ejecución de este campo de practicas; sobre esta base se modificó el Plan General y se incluyó en la ficha del sector tanto la ejecución del campo como las coordenadas UTM en las que se debería ubicar el campo, la modificación, en la que se incluía la construcción del campo de prácticas, fue objeto de evaluación de impacto ambiental y se informó favorablemente.

A pesar de estas circunstancias, en lugar de conceder licencia directamente, habida cuenta que el Plan lo recogía y estaba evaluado desde el punto de vista medioambiental, hemos querido ser más garantistas y hemos optado por utilizar el procedimiento que la ley establece para las autorizaciones en suelo no urbanizable, de tal manera que sea la Administración Regional quien determine si procede o no esta autorización y si es preciso o no un nuevo informe medioambiental.

No entendemos a qué viene este revuelo, máxime cuando los grupos políticos conocían de antemano que ese campo de prácticas se podría construir cuando así lo interesaran los promotores, ya que el mismo estaba contemplado en el PGMO. Lamentamos que sigan existiendo determinados planteamientos cuyo único objetivo parece ser el querer obstaculizar aquellos proyectos que van a generar numerosos puestos de trabajo y dinamismo económico en el municipio, cumpliendo con todos los requisitos medioambientales.