Murcia, 11 feb (EFE).- El alcalde de Librilla, José Martínez García, uno de los diecisiete imputados en una presunta trama de corrupción urbanística, señaló durante su declaración en el Juzgado tras ser detenido que hizo siempre lo que le aconsejó el asesor jurídico, Cesáreo Gil de Pareja, además de negar haber recibido comisiones.

El acta de su comparecencia, a la que ha tenido acceso EFE, recoge que el alcalde, en varios momentos, descargó la responsabilidad de lo que se hacía en el Ayuntamiento en temas urbanísticos en Gil de Pareja, que también se encuentra implicado en esta causa.

El primer regidor municipal de Librilla, que fue detenido y permaneció en prisión dos semanas, afirmó que si todos los contratos convocados por Iniciativas para el Desarrollo de Librilla (IDL) fueron adjudicados a la empresa de otros dos imputados, ACADI, fue porque "el asesor jurídico nos lo aconsejaba".

El alcalde volvió a involucrar al letrado cuando, al preguntarle si todo el que quería hacer un convenio urbanístico tenía que pasar por las manos de IDL necesariamente, manifestó que "según Cesáreo Gil de Pareja, sí, que era el que organizó toda esa historia", según se refleja en el acta de su declaración.

De nuevo volvió a descargar la responsabilidad en el asesor jurídico municipal cuando reconoció que todo el que quería firmar un convenio urbanístico con el Ayuntamiento "acababa entendiéndose con ACADI, porque eso era lo que nos asesoraba Cesáreo".

El responsable municipal de Librilla comentó en otro momento que si contrataron los servicios de este abogado fue porque era profesor de Universidad y querían a una persona que "les asesorara bien sobre urbanismo", pero que la relación acabó mal.

El acta con su declaración recoge también que Martínez García manifestó ante el juez, el fiscal y los letrados defensores que Gil de Pareja llegó a decirles que los iba a hundir a él y al concejal de Urbanismo si no le pagaban las retribuciones que les reclamaba una vez rota las relaciones.

Por su parte, Pedro Martínez Muñoz, concejal de Urbanismo, involucró también al asesor jurídico en las decisiones sobre temas urbanísticos y llegó a manifestar que si las adjudicaciones de los concursos se hacían a ACADI era porque aquél así se lo aconsejaba.

Negó también haber recibido comisiones ilegales, ni haber estado presente en ninguna reunión en la que se hubiera entregado sobres con dinero a él y al alcalde, y añadió que no sabía nada de las presuntas llamadas amenazantes del asesor jurídico.

La documentación de esta causa judicial entregada a las partes recoge igualmente las manifestaciones en el Juzgado de Ginés C.M., un carpintero de Librilla que extendió varias facturas por trabajos no realizados y que aseguró haberlo hecho por indicación de José Andrés C., secretario de IDL y también investigado por estos mismos hechos.

Al final del interrogatorio al que fue sometido, este pequeño empresario manifestó que "se siente engañado por José Andrés C., a quien creía amigo". EFE