Murcia, 6 feb (EFE).- La consejería de Obras Públicas ha suspendido el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Librilla y lo ha devuelto al ayuntamiento para que subsane diversas "deficiencias", según afirmó hoy la portavoz del Ejecutivo regional, María Pedro Reverte.
Tras la reunión del Consejo de Gobierno y a preguntas de los periodistas, Reverte señaló que el PGOU de Librilla ya se encuentra en manos de la corporación municipal, que debe rehacer el plan para cumplir los requisitos que exige la legislación, y agregó que, una vez que lo haga, la consejería de Obras Públicas volverá a estudiarlo.
El pasado noviembre, la Comunidad Autónoma puso varias condiciones a la Declaración de Impacto Ambiental de este plan, tanto en lo que se refiere a la conservación del medio natural como en las medidas que deberían ser adoptadas para conservar la calidad ambiental.
En esa Declaración se señalaba que la totalidad de los terrenos incluidos en espacios naturales protegidos y en espacios de la Red Natura 2000, así como en montes pertenecientes al catálogo de utilidad pública, "deberán tener la categoría de protección específica".
También decía que debería delimitarse un perímetro de amortiguación, con una anchura mínima de 100 metros, alrededor del espacio natural protegido "Barranco de Gebas" y del monte público "El Castellar y Los Hermanillos".
Así mismo, el pasado diciembre, IU denunció que el ayuntamiento de Librilla permitió que se pierdan 36 millones de euros en ayudas europeas para modernización de regadíos en la localidad, al impulsar, según este partido, un Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) que incluye recalificaciones de terrenos de uso agrícola que iban a recibir esas subvenciones.
El pasado noviembre cinco personas fueron detenidas en el marco de una operación contra una supuesta trama de corrupción urbanística, en la que estaban implicados el ex funcionario de la Comunidad Autónoma José Luis Cano y el ingeniero de caminos Domingo Peñalver, ambos encargados de redactar el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de Librilla.
Además, el juez dictó prisión provisional sin fianza para el alcalde de Librilla (Murcia), José Martínez García; su edil de Urbanismo, Pedro Martínez Muñoz; el gerente de la empresa municipal del suelo, José Andrés Cortés, y el funcionario autonómico en excedencia José Luis Cano.
Todos ellos fueron detenidos por su supuesta implicación en una presunta trama de corrupción urbanística en la que se investigan delitos de cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, por los que pudieron obtener unos beneficios de unos siete millones de euros.EFE