La Consejera de Educación del Gobierno Regional, Esperanza Moreno, mantendrá esta tarde, a las 18 horas, un encuentro por videoconferencia con profesores y AMPAS de Centros concertados de Las Torres de Cotillas para explicar las claves del NO a la Ley Celaá que plantea el PP.

La Ley Celaá asfixia a la concertada y es por ello que el PP defenderá el modelo de libertad educativa porque es un ataque frontal que cercena la libertad de los padres. 

Con este reto y posicionamiento de los populares, la responsable autónomica de Educación del Gobierno del PP en la Región de Murcia, Esperanza Moreno, mantendrá a las 18 horas de este lunes un encuentro por videoconferencia promovido por el Partido Popular de Las Torres de Cotillas con docentes y padres de alumnos de las escuelas concertadas del municipio en el marco de una iniciativa de advertir que la ley Celaá asfixia a la enseñanza concertada al suprimir la cláusula de la demanda social, por lo que allana el camino para la supresión masiva en los centros concertados y además incluye la prohibición de ceder suelo público para la construcción de dichos colegios.

El PP torreño se apoyará en todos los instrumentos de la democracia para defender el modelo de libertad educativa porque es un ataque frontal que cercena la libertad de los padres. 

Porque más del 90 por ciento de las familias de la Región de Murcia ha podido escolarizar a sus hijos en el centro que ha preferido, pero la Ley del PSOE-Podemos les impedirá hacerlo al eliminar el llamado 'distrito' único e imponer a los padres el centro al que debe asistir su hijo independiente de la preferencia de las familias en cuanto a ubicación o programas educativos ofertados. 

Es un derecho que les corresponde a las familias y no puede decirlo ni decidirlo Pedro Sánchez o el Estado. 

La Ley Celaá es una ley que también carece de diálogo porque PSOE y Podemos no han permitido que la comunidad educativa pueda participar en ella, en el momento en el que se están dejando la piel en mitigar los efectos negativos de la pandemia en los centros educativos.

Es además una ley que condena a la educación especial a la extinción a pesar de que muchas familias han escogido estos centros para sus hijos, pues brindan una atención educativa altamente profesionalizada para los alumnos con necesidades graves. 

Igualmente eliminar el castellano como lengua vehicular va contra la Constitución. Con esta imposición ha quedado claro que el Gobierno socialista podemita de Sánchez está utilizando la reforma de la ley educativa con fines partidistas y como moneda de cambio para negociar los presupuestos con sus socios nacionalistas.

Entre otras cosas, al PP también le preocupa la pretensión del Gobierno de suprimir la oposición para el ingreso del Cuerpo de Inspectores que abriría la puerta a convertir la inspección en un grupo de funcionarios seleccionados por afinidades políticas y no por el conocimiento acreditado en una prueba objetiva. 

La ley tampoco aborda ninguno de los desafíos de la educación del siglo XXI como el sistema bilingüe, la digitalización, el acceso a la profesión docente, la FP o el exitoso modelo dual.