El Grupo de Concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas ha presentado este lunes una Moción para que el Pleno Municipal inste al Gobierno de España a aprobar de manera urgente una ley que garantice el derecho constitucional a la propiedad privada y combata eficazmente la ocupación ilegal de viviendas. 

Sólo hay democracia si las Administraciones garantizan la propiedad privada: su adquisición y pertenencia, así como su recuperación cuando se ha sido privada de ella de forma ilícita. No hacerlo significaría dar carta blanca a un tipo de delincuencia colectiva que, si cunde el modelo, puede expandirse a otros ámbitos.

La okupación de una vivienda por alguien que no es su legítimo propietario, no es en ningún caso un derecho, es sencillamente un quebrantamiento de la Ley que un Estado de Derecho debe perseguir y al que hay que dar soluciones jurídicas ágiles, reales y efectivas. 

Desgraciadamente, hoy es cada vez más frecuente ver como la tenencia de un hogar es atacada y violentada, aprovechando las demoras que impone cierta burocracia ante la condescendencia de determinadas opciones políticas, incluso miembros de algunos gobiernos.

Bajo el falso pretexto de garantizar un techo a familias en situación de vulnerabilidad, han proliferado en los últimos años personas y grupos que han utilizado las rendijas de nuestro ordenamiento jurídico para arrebatar el hogar a sus legítimos propietarios, que en muchos casos son coaccionadas y amenazadas, viéndose impotentes ante auténticos expertos en la okupación. Esta indeseable situación se extiende a comunidades de vecinos, incluso barrios completos, que se degradan a gran velocidad como efecto colateral de este tipo de delincuentes.

Según el Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC) del Ministerio del Interior, la okupación ilegal de inmuebles aumentó en la Región de Murcia cerca de un 20 por ciento en lo que llevamos de año hasta alcanzar los 176 casos, frente a los 147 del año 2019.

Los datos son elocuentes: la gran mayoría de estos fenómenos son perpetrados por mafias y grupos organizados que han hecho de la okupación un lucrativo negocio donde los bienes allanados y usurpados son revendidos o que los utilizan para cometer delitos graves. La seguridad ciudadana se ve deteriorada y la convivencia hasta ahora modélica se resiente en muchos lugares ante este alarmante fenómeno.

Ante la magnitud de este problema, el Gobierno regional ha puesto en marcha una batería de medidas encaminadas a la okupación en nuestro territorio en defensa de la libertad y en la propiedad. 

Se está trabajando en la elaboración de un protocolo para la detección temprana de la okupación con el fin de prevenir estas prácticas ilegales en la Región de Murcia y que recogerá las aportaciones de diferentes colectivos profesionales y entidades locales, encuadrado en las prioritarias políticas de defensa del hogar. 

En la Región de Murcia, todo aquel que necesita un hogar tiene acceso al mismo. Prueba de ello son las ayudas al alquiler por importe de 16 millones de euros en ayudas a las personas arrendatarias de vivienda habitual y permanente que como consecuencia del impacto económico y social del COVID–19 se encuentren en situación de vulnerabilidad sobrevenida, o los más de 3 millones de subvenciones a ONG (Cáritas, Columbares y Jesús Abandonado) para realojamiento de familias que puedan ver su hogar comprometido en modo alguno, o expulsados del mismo.

Además de todo ello los ciudadanos tienen a su disposición la Unidad de Mediación para la Conservación  del Hogar que ofrece asesoramiento gratuito, mediando entre las partes para que nadie se quede en la calle.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal del PP presenta al Pleno de la Corporación de Las Torres de Cotillas para debate y aprobación, si procede, la siguiente MOCIÓN:

Que el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas apruebe una declaración por la cual se inste al Gobierno de la Nación a que impulse las reformas legales oportunas con el fin de combatir de manera ágil y efectiva la okupación ilegal de viviendas en nuestro municipio y garantizar el derecho de propiedad, la seguridad de personas y bienes y la convivencia social.