Es significativa la cultura de reducción de emisiones contaminantes que va calando en los últimos tiempos en los ayuntamientos españoles. Es en sí un reto de los Consistorios para desarrollar proyectos ambiciosos donde el ahorro de consumo energético en dependencias municipales, alumbrado público y parque móvil de vehículos son los ámbitos que calibran claramente una de las pautas más importantes de visión horizontal en lo que a encauzar una senda de desarrollo social y económico se refiere por parte de pueblos y ciudades. 

Estamos ante una estrategia de progreso que se vertebra en la sostenibilidad, en ese uso racional de los recursos de los que dispone una sociedad. Respetar y proteger el espacio natural, el patrimonio, la apuesta por la educación y la concienciación del común de la ciudadanía son pasos para consolidar ese trayecto en el que hay que contar con una labor de calle, barrio, escuela, con una implicación del tejido económico local, de los colectivos,..., todo ello en pro de un posicionamiento acorde con el desarrollo sostenible y desde una óptica global.

En lo que concierne a los ayuntamientos, esa optimización de recursos sostenibles se pergeñó en un principio en el denominado Pacto de los Alcaldes, un protocolo que establecía la necesidad de disminuir un 20% las emisiones de CO2 hasta el año 2020.

Son legión los Consistorios que cumplen hoy día de sobra esa meta, una mejora del medio ambiente que es fruto de una acción conjunta donde intervienen diversas Áreas de gestión municipal. Iniciativas como bonificaciones de impuestos tales como el de la "contribución urbana" para las viviendas que se doten de plantas fotovoltaicas o el de circulación aplicable a vehículos híbridos o eléctricos, la instalación de puntos de recarga para esos automóviles o el despliegue de trazados urbanos íntegramente sostenibles alimentados por energías renovables y con zonas ajardinadas regadas por completo con aguas depuradas son ejemplos de una sociedad cada vez con más calidad de vida.

Juan José Ruiz Moñino