Desde la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes, entidad de ámbito nacional, denunciamos públicamente la decisión del Ayuntamiento de Jumilla de impedir la celebración de las festividades musulmanas.
La medida, impulsada por el PP y VOX, establece que las instalaciones deportivas no podrán acoger actividades ajenas al ámbito deportivo, salvo que sean promovidas directamente por el Ayuntamiento. Esta modificación afecta directamente a los más de 1.500 vecinos musulmanes del municipio, quienes tradicionalmente han celebrado sus rezos colectivos en dichos espacios.
Lo que empieza con discursos de odio termina con agresiones físicas, amenazas y familias aterrorizadas. Jumilla hoy es el espejo de lo que pasa cuando se tolera y blanquea el racismo. Según datos del Ministerio del Interior, en 2024 se registraron más de 1.850 delitos de odio en España, siendo el racismo y la xenofobia las principales motivaciones. Esta medida no es un hecho aislado, sino parte de una escalada de exclusión institucional que amenaza la convivencia democrática.
Desde la Asociación Marroquí recordamos que esta decisión vulnera gravemente el artículo 16 de la Constitución Española, que garantiza la libertad religiosa y de culto, así como la Ley Orgánica 7/1980 de Libertad Religiosa y la Ley 26/1992, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España. Prohibir el uso de espacios públicos a una comunidad religiosa concreta, bajo pretextos ambiguos, es una forma encubierta de discriminación religiosa e islamofobia institucional.
Rechazamos de forma rotunda esta deriva antidemocrática y exigimos al Gobierno de España, al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y a las instituciones garantes de los derechos fundamentales que actúen de inmediato ante esta violación de la legalidad vigente y del principio de igualdad, especialmente al considerar que esta medida puede constituir una forma de discriminación amparada por instituciones públicas, lo que está expresamente prohibido por nuestro marco legal.
España no puede permitir que sus municipios se conviertan en laboratorios del odio. Hacemos un llamamiento a toda la sociedad civil, organizaciones sociales, sindicales, religiosas y juveniles para defender los principios de igualdad, convivencia y pluralismo que sustentan nuestro Estado de derecho. Hoy es Jumilla. Mañana puede ser cualquier otro lugar.