Explican que la notificación del Ministerio de Hacienda sobre el incumplimiento de la Regla de gasto en la liquidación del ejercicio 2015, dirigido por Cristóbal Montoro, Ministro en funciones del Gobierno del PP, tuvo lugar el 19 de septiembre. Tres días después, el día 22, llegó al registro de entrada del Ayuntamiento. Hasta aquí el proceso puede entenderse como lógico, pero la Intervención Municipal, como órgano responsable de tratar el tema, no tuvo conocimiento hasta el día 27 de septiembre.
Desde IU-Verdes critican que la alcaldesa de Jumilla, Juana Guardiola, debería haber informado a la Intervención Municipal desde el primer momento, ya que la urgencia del tema lo requería. Consideran que son situaciones que entran dentro de lo esperado de un Equipo de Gobierno responsable, y no se pueden perder 5 días sin avisar al departamento de Intervención.
En relación a la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad, cuentan que la postura de Izquierda Unida, tanto a nivel municipal como estatal es clara: "Estamos de acuerdo en flexibilizar los objetivos de déficit a las comunidades, pero no aceptamos que una ley tan dañina para los intereses de la mayoría social se maquille ahora para resolver los problemas de un Gobierno Central en funciones". Añaden que la intención del Ministerio de Hacienda es empezar a obligar a recortar presupuestos, para preparar una posible prórroga de los Presupuestos, aplicando un déficit a los mismos. Declaran que: "No es de lógica que un Ayuntamiento con superávit tenga que eliminar partidas por un valor tan alto del presupuesto en vigor".
Según IU-Verdes, las partidas eliminadas corresponden a la eliminación de sueldos de vacantes que se preveían cubiertas pero que finalmente han tardado más tiempo, pero también incluye la realización de contrataciones y gratificaciones por horas trabajadas, por lo que creen que en el tiempo de vigencia restante del presupuesto pueden surgir problemas y posibles transferencias de crédito entre partidas.
Indican que esta Ley del Partido Popular, que tuvo su inició en el cambio del artículo 135 de la Constitución, aprobado por PP y PSOE, abrió el camino a una serie de normas que constriñen cruelmente la capacidad de acción de las administraciones públicas, sobre todo, las más cercanas a la ciudadanía como son los Ayuntamientos.
En relación a la convocatoria del Pleno extraordinario celebrado esta semana para eliminar casi un millón de euros del presupuesto municipal, lamentan que la convocatoria del Pleno les fue entregada media hora después del horario previsto para el comienzo del mismo. Es decir, a las 14:15, los concejales fueron notificados en mano de que debían asistir a un Pleno hacía ya media hora.
Denuncian también que desconocían la hora y fecha de celebración del Pleno, ya que se modificó varias veces el horario previsto. Creen que como consecuencia de esta convocatoria realizada de una forma tan poco común, dos concejales de la oposición no acudieron al Pleno, por lo que incluso el sentido de la votación podría haber cambiado, ya que se aprobó con el voto de calidad de la Alcaldesa, y una sola persona podría haber decantado el voto del lado del no.
Anuncian que han vuelto a registrar una solicitud que ya hicieron en mayo para que no se convoquen reuniones de órganos colegiados en horario laboral. Pretenden así evitar que incompatibilidades en los trabajos personales de los concejales puedan dificultar la asistencia a las mismas. Finalizan recordando que el Ayuntamiento de Jumilla, a diferencia de otros con población similar, no cuenta con ningún concejal liberado fuera del Equipo de Gobierno.