El Tribunal de Cuentas Europeo (el Tribunal) ha emitido hoy dos dictámenes relativos a las propuestas legislativas de la Comisión Europea para impulsar la competitividad, la investigación y la innovación en la UE a través del Fondo Europeo de Competitividad y el
programa Horizonte Europa. Son los primeros de una serie de dictámenes que el Tribunal emitirá sobre propuestas relativas al presupuesto de la UE para el período 2028-2034. Los auditores proporcionan asesoramiento independiente y especializado sobre el diseño, la gobernanza, el marco de rendimiento y los mecanismos de control financiero del presupuesto. Su asesoramiento tiene por objeto garantizar no solo que las iniciativas fomenten la transparencia y la rendición de cuentas, sino que el dinero de la UE se utilice de manera eficiente y eficaz.
El 16 de julio de 2025, la Comisión propuso nuevos reglamentos para crear el Fondo Europeo de Competitividad (FEC), instrumento presupuestario para apoyar tecnologías y sectores estratégicos esenciales, y el Décimo Programa Marco de Investigación e Innovación, denominado Horizonte Europa. Tienen la finalidad conjunta de garantizar un flujo continuo desde la investigación fundamental a la investigación aplicada, a las empresas emergentes y a las empresas en expansión. La propuesta del FEC también incluye un programa específico para actividades de defensa, investigación e innovación. Su presupuesto conjunto ascenderá a 409 000 millones de euros, es decir, una quinta parte del presupuesto total propuesto para el período 2028-2034.
Los auditores se centran principalmente en las siguientes cuestiones:
La inversión en competitividad, innovación e investigación es una prioridad política de la UE que, a su vez, puede aportar un elevado valor añadido de la UE. Sin embargo, ni en la legislación de la UE ni en las propuestas del FEC y de Horizonte Europa se establece una definición común de este concepto.
Los auditores señalan que ambas propuestas contienen numerosas referencias a prioridades transversales de la UE, pero ni la Comisión ni los Estados miembros cuentan con datos exhaustivos y fiables sobre el uso de los fondos de la UE para los objetivos correspondientes, y las propuestas no abordan este problema. Asimismo, debería aclararse en mayor medida cómo se garantizaría la aplicación del principio de excelencia. Además, si bien la propuesta de Horizonte Europa hace referencia al proceso del Semestre Europeo, el proyecto de Reglamento del FEC no lo menciona.
La propuesta del FEC permitirá la reasignación rápida de fondos entre ámbitos políticos, así como la aportación de contribuciones adicionales por los Estados miembros u otras partes interesadas. Los auditores señalan que esta mayor flexibilidad del presupuesto puede tener repercusiones en materia de ayudas estatales que deberán ser aclaradas. También aconsejan especificar los requisitos mínimos sobre la capacidad de rotación (el número de veces que la financiación disponible se reutiliza para garantías, préstamos o participaciones de capital durante la ejecución del programa), y que las comisiones de gestión se fijen en niveles razonablemente bajos para los socios (como el Banco Europeo de Inversiones u otras instituciones financieras) que apliquen el programa.
Ambas propuestas buscan la simplificación mediante la aplicación de un código normativo único y de condiciones de pago armonizadas y la unificación del intercambio de datos. No obstante, es necesario aclarar determinados aspectos esenciales, relativos, por ejemplo, a la contratación pública, al recurso a financiación no vinculada a los costes y a las opciones de costes simplificados.
Además, los auditores señalan ciertos riesgos relativos al cumplimiento, a la transparencia, a la rendición de cuentas y a la trazabilidad de los fondos gastados. La investigación, en particular, es un ámbito de gasto de alto riesgo en el que los errores son frecuentes y significativos. Habría que prestar especial atención a enfoques innovadores tales como la contratación precomercial. Medidas de simplificación tales como las sumas a tanto alzado reducen la carga administrativa, pero sus normas de uso deberían estar claras.
Dado que la financiación será gestionada por la Comisión directa o indirectamente (por ejemplo, mediante asociaciones, empresas comunes y el BEI), el Tribunal tendrá plenos derechos de auditoría. No obstante, los auditores piden que se salvaguarden sus derechos de auditoría en los acuerdos con entidades encargadas, beneficiarios y terceros.
Por último, otra novedad de las propuestas para el período 2028-2034 es que el rendimiento de los programas será supervisado, valorado y evaluado con arreglo a las disposiciones de un Reglamento horizontal (que el Tribunal examinará en otro dictamen).