“Estamos produciendo alimentos para dar a comer a 11.000 millones de personas cuando somos 8.000 millones en todo el mundo. Tiramos un tercio de los alimentos a la basura”, Fidele Podga, de Manos Unidas.

673 millones de personas pasaron hambre en el 2024 y el 28% de la población mundial sufre inseguridad alimentaria desde el 2020

Hoy, 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación, personas expertas vinculadas a Manos Unidas —junto a académicos y profesionales de instituciones como la FAO, la Universidad Complutense de Madrid y la AECID— comparten un análisis urgente sobre hambre, soberanía alimentaria y derecho a la alimentación. Las miradas confluyen en dos ideas clave: el planeta produce alimentos suficientes y, sin embargo, millones de personas siguen sin poder comer; y solo un enfoque basado en derechos, con sistemas agroalimentarios sostenibles, puede revertir esta paradoja.

Fidele Podga, coordinador del departamento de estudios de Manos Unidas, señala que «mientras el 8 % de la humanidad, 673 millones de seres humanos, no pueden comer, en el mundo se están produciendo alimentos para dar de comer a 11.000 millones de personas, cuando somos algo más de 8.000 millones». Denuncia que «el hambre es un insulto que tiene que hacer sonrojar a la humanidad. Es un “escándalo” ético que debería avergonzarnos». La contradicción se agrava, recuerda, cuando un tercio de los alimentos termina en la basura.

Kattya Cascante, profesora de la UCM y presidenta de REEDES, explica que el hambre queda desplazado en la agenda por la “permacrisis”, que prioriza conflictos, clima o inteligencia artificial frente a un problema crónico que persiste. Critica la mercantilización del alimento, la concentración de poder en grandes corporaciones y la homogeneización del consumo, dinámicas que alimentan desigualdad y degradación ambiental y normalizan la doble carga de malnutrición: obesidad y anemia conviven en demasiados territorios. «Cuando mercantilizamos el alimento, funciona igual que cualquier otra mercancía: sube y baja de precio sin considerar su particularidad nutritiva o ecológica. Quien tiene el monopolio de cereales, semillas y fertilizantes decide qué, cuándo, cómo y para quién se produce», añade.

Vega Díez, directora de cooperación internacional de CERAI, expone que la soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a decidir sobre sus sistemas productivos, sus alimentos y sus modelos territoriales. Advierte de marcos legales y comerciales que permiten la entrada de intereses que devoran suelos, agua y bosques: «gana el agromercado, no la gente». Plantea preguntas de fondo: «¿Hablamos de mercados locales o de importaciones que hoy están y mañana desaparecen? ¿Podemos controlar plagas, medio ambiente y agua o nos vendemos a un mercado que hipotecará la producción de las próximas generaciones?». A su juicio, la seguridad de los consumidores debe estar unida a la de los productores; y alerta de la especulación financiera: cuando el alimento se convierte en activo a futuro, su precio se desvincula de su valor nutritivo y ecológico y responde a beneficios de corto plazo.

Luis Felipe Artica, director de IDMA-Huánuco y socio de Manos Unidas en Perú, afirma que la agroecología es ciencia, práctica y movimiento social: revaloriza saberes locales y empodera a las mujeres. Subraya que en Perú 16,6 millones de personas carecen de acceso físico a alimentos, mientras la agricultura familiar sostiene el 90 % de lo que se consume. La transición agroecológica tarda de 3 a 5 años, pero recupera suelos, reduce dependencias y mejora la resiliencia de los territorios.

Grandes desafíos para el derecho a la alimentación

Marco Gordillo, coordinador de incidencia y alianzas de Manos Unidas, invita a mirar con esperanza y propone una transición nítida: del alimento como mercancía al alimento como derecho. Esa mirada exige políticas públicas coherentes y participación social.

Santiaga Serafín, lideresa campesina peruana y presidenta de la comunidad de Cachuna, insiste en que la agroecología genera cambios que trascienden la producción: fortalece organización, cooperación e identidad comunitaria. Defiende que su expansión es viable si se adoptan cambios a nivel local, regional, nacional y global, y denuncia que el Gobierno de Perú no invierte en agroecología. Pide preservar semillas ancestrales y reclama reformas legales en el Ministerio de Agricultura.

Ana Regina Segura, jefa de desarrollo rural, seguridad alimentaria y nutrición de AECID, lamenta que la Unión Europea no asuma de forma unánime el derecho humano a la alimentación —con Alemania y Noruega como principales apoyos— y recuerda que en Naciones Unidas el tema sigue siendo controvertido. Anticipa que la cooperación española prepara una nueva estrategia para responder a una realidad tozuda: cerca de 700 millones de personas padecen desnutrición crónica y conviven con sistemas alimentarios que no garantizan sostenibilidad, salud ni accesibilidad. Enumera seis ejes del borrador sobre el Derecho a la Alimentación: agricultura familiar y agroecología; protección social; adecuación nutricional; estabilidad; sostenibilidad; y gobernanza e implementación. En acción, defiende: impulso a la agricultura familiar con enfoque agroecológico; protección social para dietas saludables y culturalmente adecuadas; resiliencia con enfoque One Health; buena gobernanza internacional; y refuerzo institucional para aterrizar políticas.

Gabriel Ferrero, asesor de Estrategia del Programa Mundial para la Agricultura y la Seguridad Alimentaria del Banco Mundial y ex presidente del Comité de Seguridad Alimentaria de la ONU, propone extender la Agenda 2030 diez o veinte años más: las transiciones alimentarias requieren plazos largos y van por detrás de la energética. Recuerda que los sistemas agroalimentarios generan aproximadamente un tercio de las emisiones y que la agricultura familiar aporta hasta el 80 % de la alimentación en países en desarrollo, clave para mercados locales y resiliencia. Advierte de la polarización internacional, los conflictos, el cambio climático, la desigualdad y la pobreza como factores que agravan la inseguridad alimentaria. Como prioridades, apuesta por protección social universal, ayuda humanitaria, agroecología regenerativa, agricultura familiar y mercados de proximidad.

Valeria Pasarín, especialista en Derecho a la Alimentación de la FAO, aboga por un cambio de paradigma: reconocer la alimentación como derecho humano, con obligaciones claras para los Estados. Reivindica procesos participativos que involucren a parlamentos nacionales, con marcos legales robustos —como los Frentes Parlamentarios contra el Hambre— y mecanismos de seguimiento y acceso a la justicia que cierren la brecha entre ley y realidad, incorporando a mujeres rurales, pueblos indígenas y juventud.

Cecilia Pilar, presidenta de Manos Unidas, agradece las aportaciones y pone el acento en la raíz ética del problema: «el hambre no solo es una carencia; es la consecuencia de una injusticia arraigada que hiere a millones de personas». Recuerda que acabar con el hambre exige la implicación de gobiernos, instituciones, sociedad civil y ciudadanía, y llama a convertir el consenso en políticas, presupuestos y prácticas que garanticen el derecho efectivo a la alimentación.ros»