La Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía considera que la última sentencia del Tribunal Supremo contra el recurso presentado por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) supone el cierre definitivo del ciclo judicial abierto contra los caudales ecológicos del río Tajo y deja sin argumentos ni margen político al Ministerio para seguir retrasando la modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura. "Basta ya, hay que actuar", claman los Ribereños.

Para los Ribereños, la resolución desmonta definitivamente los argumentos "trasnochados" utilizados durante décadas por el lobby trasvasista y consolida una doctrina jurídica clara: los caudales ecológicos son una restricción previa y superior a cualquier uso del agua, incluido el trasvase.

"Quizás sea la sentencia más dura para el Levante del Tribunal Supremo, porque deja una cosa definitiva y absolutamente clara: los caudales ecológicos del Tajo son obligatorios y están por encima del trasvase. Y eso tiene una consecuencia inmediata: hay que cambiar las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura. El Ministerio ya no tiene más excusas ni margen para seguir demorándolo", señala el presidente de los Municipios Ribereños, Borja Castro.

La Asociación subraya que el fallo deja claro que el trasvase no condiciona los caudales ecológicos, sino que ocurre justamente al contrario: el trasvase queda subordinado a ellos. La sentencia reafirma que los usuarios del Tajo-Segura utilizan exclusivamente aguas excedentarias y que, por tanto, no existe ningún derecho garantizado sobre esos recursos mientras no estén plenamente cubiertas las necesidades ambientales y consultivas de la propia cuenca cedente.

Además, el Tribunal Supremo rechaza otro de los principales argumentos históricos de SCRATS y confirma que sí ha existido concertación entre las cuencas del Tajo y del Segura. Los Municipios Ribereños recuerdan que la implantación de los caudales ecológicos se ha escalonado durante tres años precisamente para facilitar la adaptación de la cuenca receptora a nuevas fuentes de suministro, como la desalación.

La resolución desmonta también la interpretación histórica que el lobby trasvasista hacía de la ley de 1980, utilizada durante décadas para sostener que el río Tajo debía limitarse a un caudal fijo de 6 metros cúbicos por segundo a su paso por Aranjuez. El Supremo aclara ahora que aquella cifra constituye únicamente un mínimo y no establece ningún límite máximo para la fijación de caudales ecológicos superiores.

Para la Asociación, la sentencia desactiva uno tras otro todos los pilares jurídicos empleados por SCRATS contra el Plan Hidrológico del Tajo, incluyendo las alegaciones relativas a metodología técnica, evaluación ambiental y coordinación entre cuencas. El Alto Tribunal respalda además que la planificación hidrológica se ajusta a la normativa europea y estatal y que la finalidad de los caudales ecológicos responde a la protección ambiental del río y no a una decisión arbitraria o política.

"Esta era la gran batalla judicial y el Supremo la ha zanjado. Ahora toca actuar. Desde la Asociación de Municipios Ribereños exigimos que se convoque de inmediato la mesa de trabajo y que se presenten unas nuevas reglas adaptadas a la realidad legal y a la realidad ambiental actual", ha añadido Castro.

La Asociación advierte de que mantener las reglas actuales supone perpetuar una situación "insostenible" para Entrepeñas y Buendía. Según recuerdan, este año natural podrían trasvasarse cerca de 750 hectómetros cúbicos hacia el Segura, mientras en la cuenca receptora podrían acumularse más de 400 hectómetros cúbicos procedentes del Tajo almacenados a final de año hidrológico.

"Prácticamente toda el agua almacenada en la cuenca del Segura será agua del Tajo, mientras Entrepeñas y Buendía vuelven a bajar justo al comienzo de la campaña de verano. Ya no estamos hablando de debates políticos ni de excusas políticas: estamos hablando de cumplir la ley", concluyen los Ribereños.