Durante el ‘Seminario Internacional sobre conducción bajo los efectos de las drogas’ se ha recordado que uno de cada seis conductores fallecidos en accidente de tráfico en España da positivo en drogas distintas del alcohol, siendo la cocaína y el cannabis las más habituales.

Algunas de las medidas propuestas: justicia restaurativa para reducir la reincidencia, tolerancia 0 a las drogas al volante, refuerzo de los controles aleatorios de saliva en carretera y programas obligatorios de rehabilitación para conductores reincidentes.

Cualquier droga, incluso en cantidades muy pequeñas, puede alterar de forma decisiva la capacidad de conducir, provocando somnolencia, pérdida de coordinación, disminución de la atención y la percepción del riesgo. Estos efectos, incompatibles con una conducción segura, convierten al conductor en un riesgo para sí mismo y para todos los usuarios de la vía, derivando en un impacto directo en la siniestralidad: en España, uno de cada seis conductores fallecidos en accidente de tráfico da positivo en drogas, principalmente en cocaína y cannabis.

Esta realidad ha llevado a distintos países europeos, incluyendo España, a reforzar en los últimos años sus estrategias para prevenir, detectar y combatir la conducción bajo los efectos de estas sustancias. Para contribuir a esta respuesta, Fundación Mapfre y el Consejo Europea de Seguridad en el Transporte (ETSC) han impulsado, junto a diferentes instituciones públicas y privadas, expertos nacionales e internacionales, entidades de prevención y asociaciones de víctimas, una hoja de ruta con 23 medidas para reducir el impacto de las drogas en la seguridad vial. En esta ocasión el foco se ha puesto en las drogas distintas del alcohol, el cual sigue siendo la droga con mayor impacto en la mortalidad vial y por ello requiere un tratamiento aparte.

Esta propuesta de actuación se ha presentado en el marco del ‘Seminario Internacional sobre conducción bajo los efectos de las drogas’, organizado por Fundación Mapfre junto con el Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte, y con el apoyo de Securetec, en el que se ha abordado el impacto de estas sustancias en la conducción, la evidencia estadística en España y Europa, los avances en la detección en carretera, y las vías para reducir la siniestralidad mediante tecnología, legislación y prevención.

El encuentro ha reunido expertos como Antonio Guzmán, director de Seguridad Vial, Salud y Prevención de Fundación Mapfre; Álvaro Gómez, director del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la Dirección General de Tráfico; Antonio Avenoso, director ejecutivo del Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte; Juan Carlos González Luque, jefe de la Unidad de Apoyo de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad; Álvaro Valverde, fiscal adscrito de Seguridad Vial; Carolina Sánchez de la Torre, directora del Departamento de Madrid del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y Toxicología; y José Carlos Muñoz, capitán de la Unidad de Reconstrucción de Accidentes de Tráfico de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, así como destacados expertos de Finlandia, Italia, Portugal y Francia, y víctimas y causantes de siniestros con implicación de drogas.

Durante la jornada, los participantes han coincidido en que abordar la conducción bajo los efectos de las drogas exige una respuesta integral que combine educación, control y concienciación social.

“La conducción bajo los efectos de las drogas sigue siendo una de las principales preocupaciones en materia de seguridad vial, por su desproporcionado impacto directo en la siniestralidad. Por eso, necesitamos más educación vial, más concienciación social y una forma distinta de entender la responsabilidad al volante y la prevención. Solo así podremos avanzar hacia una movilidad más segura”, ha señalado Antonio Guzmán, director de Seguridad Vial, Salud y Prevención de Fundación Mapfre.

En esta misma línea, Álvaro Gómez, director del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la Dirección General de Tráfico, ha destacado que “reducir la siniestralidad vinculada a las drogas exige un enfoque integral que contemple formación, concienciación, vigilancia, promoción de la seguridad vial laboral, investigación e intervención terapéutica en el ámbito sanitario. Para todo ello, será necesaria una buena coordinación entre administraciones”.

Por su parte, Antonio Avenoso, director ejecutivo del Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte, ha añadido que “conducir bajo los efectos de las drogas es un factor importante, aunque a menudo subestimado, en las muertes en carretera. Ya no podemos tratarlo como un problema secundario. Para salvar vidas de manera efectiva, las estrategias nacionales deben ir más allá de la aplicación ocasional de la ley y adoptar un enfoque integral. Esta hoja de ruta aborda la raíz del problema, combinando un límite claro de tolerancia cero y un aumento de las pruebas en carretera con la rehabilitación obligatoria. Solo integrando un control estricto con un cambio de comportamiento a largo plazo podremos reducir significativamente el número de familias devastadas por estas tragedias evitables.”

La dimensión del problema en España

La primera parte del seminario ha estado centrada en analizar la realidad de la conducción bajo los efectos de las drogas en nuestro país y la dimensión que sigue teniendo este fenómeno en la siniestralidad vial. Durante este bloque, se abordó la presencia de estas sustancias en conductores fallecidos en siniestros de tráfico, destacando la elevada prevalencia de drogas ilegales, la normalización social del consumo, el aumento de la presencia de cocaína en grupos de mayor edad y la elevada carga asistencial en urgencias. En este contexto, se subrayó la importancia de la formación específica para los agentes y de campañas coordinadas entre distintos organismos para afrontar esta problemática.

Se recordó que, según el último informe del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, el 16,4 % de los conductores fallecidos da positivo en sustancias, principalmente cocaína y cannabis, lo que evidencia la magnitud del problema. En el caso de los peatones, la presencia de drogas (distintas del alcohol) en viandantes fallecidos se ha constatado en el 11% de los fallecidos, siendo también el cannabis la droga más habitual, en dos de cada tres peatones. Esta realidad se refleja también en el ámbito del control y la supervisión, donde en 2024 se realizaron 122.938 pruebas de drogas, un 20,6% más que en 2023, reflejando una mayor intensidad en la actividad de vigilancia de estas conductas.

Avances y experiencias en Europa

La segunda parte del seminario ha estado dedicada a conocer la evolución de este problema en otros países europeos. Para ello, el encuentro ha contado con la participación de portavoces de Finlandia, Italia, Portugal y Francia, que han expuesto sus modelos de control, prevención y respuesta normativa frente a la conducción bajo los efectos de sustancias, así como las principales tendencias en el ámbito de la detección de drogas y la evolución de los sistemas de control en carretera.

Finlandia ha señalado un aumento del consumo de cannabis y el uso de pruebas toxicológicas, aunque con limitaciones en su aplicación; Italia ha registrado un ligero incremento de casos en 2024 (4.511 frente a 4.309 en 2023) en paralelo a la evolución de su marco normativo; Portugal mantiene una regulación estricta y plantea el uso de test voluntarios de saliva en carretera; y Francia estima que entre el 20% y el 30% de los accidentes están vinculados a alcohol, sustancias o psicofármacos, lo que ha impulsado más controles y un endurecimiento de las penas.

Hacia una movilidad más responsable y comprometida con la prevención

La principal aportación de la jornada ha sido la presentación de una hoja de ruta con 23 medidas para abordar esta problemática en España y en Europa.

La propuesta, que ha sido consensuada por los expertos nacionales e internacionales que han intervenido en el encuentro, se estructura en tres grandes ejes que pasan por reforzar el control, potenciar la rehabilitación y consolidar la prevención como palanca para modificar la percepción social del riesgo y los hábitos de conducta.

Las medidas contempladas en la hoja de ruta, varias de las cuales ya están contempladas en la Estrategia de Seguridad Vial 2020 española, son:

Desarrollar campañas en escuelas, centros de formación de conductores y centros de trabajo, así como acciones periódicas dirigidas a colectivos específicos, como base para las campañas de supervisión policial.

Diseñar una estrategia de prevención social centrada en tres mensajes: el cannabis también afecta negativamente a la capacidad para conducir, la mezcla de drogas multiplica el peligro, y los psicofármacos también cuentan.

Apostar por áreas más reducidas de influencia, es decir, por microcreadores locales con alta credibilidad, no solo por influencers con un gran número de seguidores.

Activar estrategias de presión social positiva hasta cambiar la norma percibida, yendo más allá de la mera difusión de la información.

Reforzar el marco legal que habilite a los policías de tráfico a realizar pruebas aleatorias de saliva para la detección a pie de carretera.

Reforzar la capacidad preventiva de los policías de tráfico mediante formación específica, mejores herramientas de prevención y procedimientos más rápidos.

Incrementar los controles de alta visibilidad a pie de carretera y de calle combinando test de saliva con test de confirmación en laboratorio, utilizando inteligencia de riesgo para concentrar dichos controles en noches, fines de semana, periodos festivos y entornos de ocio.

Implementar en un plazo máximo de tres años programas de prevención del riesgo vial de la conducción bajo los efectos de sustancias psicotrópicas.

Reforzar las medidas de control en el marco de la prevención de riesgos laborales y en el ámbito específico de la seguridad vial.

Diseñar herramientas de prevención, detección precoz y rehabilitación, incluyendo tratamientos integrales para los conductores de mayor riesgo, como varones jóvenes o conductores con problemas de consumo.

Realizar cursos de rehabilitación y evaluaciones clínicas y de aptitud obligatorios para conductores drogados reincidentes o en casos graves, como requisito para la recuperación del permiso de construcción.

Derivar a los servicios de salud a las personas conductoras reincidentes.

Incluir el nuevo concepto de justicia restaurativa en este ámbito para reducir la incidencia y mejorar la respuesta y reparación del daño.

Avanzar hacia una regulación clara con 0,0 para eliminar cualquier ambigüedad, ya que es la única tasa que no genera dudas.

Establecer un límite de número de recuperaciones del permiso de conducción y trazabilidad reforzada del seguimiento de esos casos.

Estrechar la colaboración entre los sectores públicos y privados para la puesta en marcha de proyectos educativos y medidas de control.

Implicar en la prevención a sectores clave como el ocio, los festivales o las empresas de transporte.

Reforzar los canales de comunicación entre las instituciones públicas de Salud y de Tráfico a nivel territorial y estatal.

Establecer una trazabilidad de la medicación incompatible con la conducción, y habilitar un sistema de comunicación entre la DGT y las autoridades sanitarias para intervenir temporal o permanentemente los permisos cuando la patología sea incompatible.

Diseñar un indicador de desempeño que combine las pruebas de drogas con cuestionarios autodeclarados como la vía más efectiva para estimar la prevalencia de la conducción bajo los efectos de las drogas y entender mejor los comportamientos relacionados.

Ampliar la integración de la información de los controles policiales en los sistemas de vigilancia estatal sobre adicciones, para reforzar la información de valor sobre patrones de consumo emergente.

Promover la investigación aplicada a este ámbito.

Seguir investigando en la mejora de los procedimientos y actas de identificación de síntomas para reducir el número de sentencias absolutorias por falta de evidencia de la evidencia de las drogas en la conducción.