Camila Bruckschen, creadora de CB ASESORIA, bufete de abogados expertos en trámites de inmigración plantea el necesario debate sobre el uso de la tecnología en el derecho
La incorporación de la inteligencia artificial en los sistemas migratorios ha dejado de ser una simple tendencia para consolidarse como parte del presente. En los consulados y organismos internacionales, las tecnologías capaces de analizar grandes volúmenes de datos en pocos segundos están transformando la forma en que se tramitan los visados y las autorizaciones de entrada. Herramientas como el ESTA, en Estados Unidos, y el ETIAS, en la Unión Europea, ilustran este avance al prometer mayor agilidad, eficiencia administrativa y un mayor control en la selección inicial de las solicitudes.
Este escenario supone una mejora importante en la organización y el flujo de los procesos, especialmente ante el creciente volumen de solicitudes a escala mundial. Sin embargo, a medida que estos sistemas evolucionan y pasan a desempeñar funciones más complejas, también crece el debate sobre el alcance real de su actuación. El punto central deja de ser meramente tecnológico y pasa a implicar una dimensión ética, especialmente en un ámbito como el derecho migratorio, donde cada decisión repercute directamente en la trayectoria vital de personas y familias.
A diferencia de otras áreas más operativas, el derecho migratorio no se limita al análisis objetivo de documentos. En muchos casos, los procesos implican contextos personales, historias de vida y circunstancias humanitarias que exigen una interpretación sensible y un análisis minucioso. En este sentido, la posibilidad de automatizar etapas más profundas de la evaluación plantea una cuestión inevitable: hasta qué punto las decisiones que afectan a derechos fundamentales pueden verse influidas por sistemas automatizados.
Entre los principales puntos de atención se encuentran los denominados “algoritmos de caja negra”, cuyo funcionamiento no es totalmente transparente. Esta falta de claridad dificulta la comprensión de cómo se toman determinadas decisiones y complica aún más la posibilidad de que los solicitantes puedan impugnar las resoluciones. Organizaciones como European Digital Rights (EDRi) ya han advertido de que los sistemas automatizados pueden reproducir o incluso amplificar los sesgos presentes en los datos utilizados para su entrenamiento, lo que puede tener repercusiones desproporcionadas para determinados perfiles o nacionalidades.
Otro aspecto delicado está relacionado con el uso y el intercambio de datos personales y biométricos. Informes de entidades como Privacy International indican que, en muchos casos, esta información circula entre diferentes organismos sin total transparencia, lo que refuerza la necesidad de criterios más rigurosos y de una vigilancia constante sobre el uso de dichos datos. En un contexto cada vez más digitalizado, garantizar la protección de esta información se convierte en una parte esencial del debate sobre el uso ético de la tecnología.
Para Camila Bruckschen, directora de CB Asesoría, la inteligencia artificial debe entenderse como una herramienta de apoyo, pero nunca como un sustituto del criterio jurídico. Según la experta, aunque la tecnología contribuye de manera significativa a la organización de la información y a la agilización de los procesos, no es capaz de comprender los matices humanos presentes en cada caso. “En el derecho migratorio, trabajamos con historias de vida, no solo con datos. La decisión final debe tener en cuenta elementos que van más allá de la capacidad analítica de un sistema”, afirma.
La experta también llama la atención sobre los riesgos de una automatización excesiva en las decisiones delicadas. En opinión de Camila, cuando una solicitud puede denegarse basándose exclusivamente en un análisis automatizado, sin una revisión humana efectiva, se abre la puerta a importantes cuestiones éticas. “La eficiencia no puede prevalecer sobre la responsabilidad. Es fundamental que siempre haya una validación humana en las decisiones que afectan directamente a la vida de las personas”, añade.
Ante este panorama, los expertos señalan que la vía más equilibrada pasa por combinar la innovación tecnológica con unas garantías claras. La transparencia en los criterios de análisis, la posibilidad de auditar los sistemas, una supervisión humana efectiva y una protección rigurosa de los datos son algunos de los pilares que se consideran esenciales para garantizar un uso responsable de la inteligencia artificial en el contexto migratorio.
Al mismo tiempo, la tendencia apunta a que la presencia de estas tecnologías seguirá creciendo en los próximos años. Se prevé que los asistentes virtuales y las herramientas basadas en la inteligencia artificial ganen aún más terreno, ayudando a los inmigrantes a comprender legislaciones complejas y a organizar sus trámites. Este avance, sin embargo, refuerza la necesidad de establecer límites bien definidos para que la eficiencia tecnológica no ponga en peligro las garantías jurídicas fundamentales.
En este contexto, el debate sigue abierto y cobra cada vez más relevancia a medida que avanza la tecnología. Más que decidir con rapidez, el reto pasa a ser garantizar que las decisiones se tomen con transparencia, responsabilidad y sensibilidad, elementos que, hasta ahora, siguen siendo esencialmente humanos.