Las grandes compañías promueven sus proyectos solares a través de empresas "a prueba de quiebra", con capitales sociales mínimos que pueden no llegar a cubrir sus responsabilidades en caso de desmantelamiento, gestión de residuos o restauración ambiental, que podrían correr a cargo de los agricultores.
"La transición energética no puede hacerse a costa del campo murciano ni sobre la base de estructuras societarias frágiles que, en caso de insolvencia, puedan dejar al agricultor sin renta, con instalaciones abandonadas y con responsabilidades ambientales sobre sus espaldas", afirma Natalia Corbalán, portavoz de SOS Rural.
SOS Rural y E&L organizan este lunes, 2 de marzo, una charla abierta al público titulada 'La verdad tras los acuerdos entre agricultores y empresas fotovoltaicas', a las 20 horas en ALPI San Cayetano, en Av. de Tarquinales, 16 (San Javier).
La alianza entre SOS Rural y Ecología y Libertad (E&L) ha alertado a los agricultores murcianos sobre la "trampa" que podría implicar para ellos la mayoría de los contratos que firman con las empresas promotoras de las plantas fotovoltaicas que se instalan en tierras de cultivo en la Región de Murcia. Así, las grandes compañías promueven sus proyectos solares a través de sociedades vehículo (SPV, por sus siglas en inglés), empresas "a prueba de quiebra" creadas a medida para un proyecto concreto, con recursos propios muy limitados y que podrían tener por objeto aislar el riesgo financiero del resto de las actividades de la matriz.
De este modo, estas SPV firman contratos de arrendamiento o de derecho de superficie a largo plazo con agricultores propietarios, cuyos pequeños capitales sociales —los de las compañías— podrían no cubrir, ni de lejos, los gastos de desmantelamiento, de gestión de residuos y de restauración ambiental del suelo cuando acabe la vida útil de las instalaciones —a los 25 o 30 años—, o en caso de abandono prematuro de la actividad. "Si la empresa vehículo no dispone de recursos, los costes podrían recaer indirectamente sobre el propietario del terreno o sobre la Administración", explica Margarita Fernández, presidenta de E&L.
Ante estas situaciones, el agricultor dejará de percibir la renta pactada, el contrato se incumpliría, pero las toneladas de metal y cristal podrían permanecer intactas en la finca. Estas coyunturas, ante el actual escenario de saturación del mercado eléctrico y de caída de precios —que ha reducido notablemente la rentabilidad de los proyectos fotovoltaicos—, podrían hacer caer en picado el valor del terreno y abriría un escenario de litigiosidad e incertidumbre que puede durar años. "Los agricultores deben mirar con lupa los contratos y comprobar si existen las garantías suficientes que aseguren el desmantelamiento, si se prevén garantías reales o financieras, si se especifica lo que pasará para el supuesto en que la empresa entre en concurso y, en definitiva, asegurarse de qué régimen de responsabilidades se ha pactado", especifica Fernández, quien recuerda que "la responsabilidad tan limitada de estas sociedades es un elemento que no puede ignorarse, ya que un contrato a 25 o 30 años exige una seguridad jurídica real, no meramente formal".
Con el objetivo de informar a los agricultores sobre la letra pequeña de estos contratos solares, SOS Rural y E&L han organizado una charla informativa titulada 'La verdad tras los acuerdos entre agricultores y empresas fotovoltaicas', este lunes, 2 de marzo, a las 20 horas en la Cooperativa ALPI San Cayetano, ubicada en la Avenida de Tarquinales, 16, en San Javier (Murcia). "La transición energética no puede hacerse a costa del campo murciano ni sobre la base de estructuras societarias frágiles que, en caso de insolvencia, puedan dejar al agricultor sin renta, con instalaciones abandonadas y con responsabilidades ambientales sobre sus espaldas", afirma Natalia Corbalán, portavoz de SOS Rural.
Caos fotovoltaico
El despliegue fotovoltaico en la Región de Murcia, como en el resto de España, se está implantando a costa de ocupar de forma masiva el suelo rústico, mediante tramitaciones aceleradas y con una ausencia manifiesta de ordenación territorial. De hecho, más de 165.000 hectáreas han dejado ya de cultivarse entre 2014 y 2023, si bien se espera un aumento en el ritmo de esta transformación para cumplir con los objetivos de la Unión Europea (UE) para 2030, que transformarán más de 300 km2 de tierra de la región —que cuenta con un total de 11.313 km2—. Eso significa que más de 30.000 hectáreas pasarán del uso rural a industrial — según los datos del Portal Estadístico de la Región de Murcia—.
"La implantación de la energía fotovoltaica en nuestra región está siendo perversa, arbitraria y caótica, mediante un proceso que sólo beneficia a las grandes empresas que, aprovechando la ruina de nuestros agricultores, la falta de relevo generacional y la complicidad de la administración, ocupan tierras fértiles de gran importancia para las economías locales", lamenta Corbalán.
De hecho, mientras el sector agrícola soporta un nivel de control ambiental muy estricto, con rigurosas limitaciones en el uso de fertilizantes, controles de nitratos, exigencias en la trazabilidad, etc., se están autorizando plantas fotovoltaicas en entornos próximos a espacios protegidos o con valores ambientales singulares, con evaluaciones ambientales laxas o poco motivadas. "Los mismos que asfixian a quienes nos dan de comer adoptan una posición pasiva cuando se trata de placas fotovoltaicas, que transforman de forma sustancial el territorio y sellan grandes extensiones de suelo durante décadas", resalta la portavoz nacional de SOS Rural, antes de afirmar: "El problema no es la energía solar en sí misma, clave para un modelo energético más sostenible, si no la burbuja que estamos sufriendo, que lleva a que unos pocos especuladores, oportunistas y maquiavélicos se llenen los bolsillos a costa del presente y del futuro de todos nosotros y de nuestro país".