CSIT UNIÓN PROFESIONAL alerta de un problema generalizado en distintos centros públicos de personas mayores dependientes de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), marcado por impagos reiterados, déficit de plantilla, sobrecarga laboral y vulneración de derechos laborales, con consecuencias directas sobre la calidad asistencial.

CSIT UNIÓN PROFESIONAL ha tenido acceso a cartas de denuncia de los Comités de Empresa de distintos centros de personas mayores, entre ellas las correspondientes a centros de menos de 250 trabajadores (R. Getafe, R. Alcorcón, R. Vallecas, R. Parla, R. Vista Alegre, R. San Martín de Valdeiglesias, R. San José, R. La Paz, R. Goya, R. Cisneros, R. Torrelaguna, R. Adolfo Suárez, R. Gastón Baquero, R. Navalcarnero, R. San Fernando y R. Villaviciosa de Odón), así como a la RPPMM Francisco de Vitoria, la RPPMM González Bueno, la RPPMM de Arganda, la RPPMM de Manoteras y la RPPMM Gran Residencia. Asimismo, otros Comités de Empresa, como los de Aranjuez y Reina Sofía, se han pronunciado en la misma línea.

Los escritos trasladan una denuncia coincidente y sostenida en el tiempo sobre la situación que atraviesan distintos centros públicos de personas mayores dependientes de la AMAS, con problemas que se repiten de forma generalizada: impagos de conceptos salariales (como trienios no reconocidos y/o no abonados, con cantidades acumuladas desde hace meses; abonos pendientes de transporte; y festivos trabajados no compensados ni retribuidos conforme al convenio), falta de cobertura de vacantes y bajas, déficit de plantilla estructural, sobrecarga de trabajo, incidencias en la planificación de turnos, así como dificultades para el disfrute efectivo de descansos, permisos y derechos de conciliación.

Según denuncian los Comités de Empresa, esta situación está provocando que las plantillas trabajen de forma continuada bajo una fuerte presión asistencial, con una carga de trabajo que compromete tanto las condiciones laborales de los profesionales como el correcto funcionamiento de los centros. A ello se suman, en algunos casos, carencias de medios materiales básicos para el desempeño diario.

Para CSIT UNIÓN PROFESIONAL, la coincidencia de estas denuncias en distintos centros evidencia que no se trata de hechos puntuales ni aislados, sino de una situación estructural que requiere una respuesta inmediata por parte de la Administración. La falta de soluciones está cronificando un modelo de funcionamiento basado en plantillas insuficientes, retrasos en el abono de cantidades adeudadas y una gestión que no está garantizando ni los derechos del personal ni la calidad del servicio público residencial.

Actualmente, las residencias públicas de personas mayores con comité de empresa propio atienden a más de 3.600 residentes y usuarios, dentro de una red pública que suma 6.800 plazas entre atención residencial, centros de día y otros recursos de atención social. La dimensión de esta red evidencia la magnitud y la responsabilidad del servicio que se presta a diario, y hace imprescindible reforzar las plantillas y dotar a los centros de los recursos necesarios para garantizar una atención digna, cercana y de calidad.

Este escenario resulta especialmente preocupante en un contexto de envejecimiento acelerado de la población madrileña: más de 1,2 millones de personas tienen 65 o más años y 264.000 superan los 80, una franja que requiere cuidados más intensivos y continuados. En paralelo, la red residencial de la Comunidad de Madrid presenta un claro predominio de plazas de gestión privada frente a las plazas públicas, lo que, a juicio de CSIT UNIÓN PROFESIONAL, obliga a reforzar de manera urgente los recursos humanos y materiales en los centros públicos. La falta de personal está agravando de forma creciente el funcionamiento de los centros públicos y comprometiendo la atención que reciben las personas mayores.

Desde esta Organización Sindical recordamos que los profesionales de atención residencial sostienen un servicio esencial y que cualquier deterioro de sus condiciones de trabajo repercute directamente en la atención que reciben las personas mayores, especialmente en centros con alta carga asistencial y necesidades continuadas de cuidados.

Por todo ello, CSIT UNIÓN PROFESIONAL exige a la Comunidad de Madrid y a la Gerencia de la AMAS la adopción urgente de medidas concretas que incluyan:

el abono inmediato de todas las cantidades adeudadas (trienios, transporte, festivos y demás conceptos pendientes),

la cobertura urgente de vacantes y bajas y el refuerzo real de las plantillas,

el respeto efectivo de los descansos, permisos y derechos de conciliación,

la dotación de los medios materiales necesarios para garantizar una atención adecuada,

y la exigencia de responsabilidades por las deficiencias de gestión que están comprometiendo los derechos laborales del personal y la calidad asistencial, incluida la dimisión inmediata del gerente de la AMAS.

CSIT UNIÓN PROFESIONAL respalda las denuncias, actuaciones y reivindicaciones que plantean los Comités de Empresa en sus escritos y advierte de que, si no se adoptan soluciones inmediatas, continuará impulsando cuantas iniciativas sean necesarias en defensa de los trabajadores y de un servicio público residencial digno y de calidad.