Entre el miedo y la obligación de trabajar: el impacto humano de la crisis ferroviaria española

Una serie histórica de tragedias ferroviarias pone de manifiesto las deficiencias en las infraestructuras, el impacto en el transporte de personas y las dudas sobre los derechos y la seguridad

España se enfrenta a una crisis sin precedentes en su red ferroviaria en enero de 2026, con cuatro accidentes en menos de una semana, incluido uno de los más graves de la historia reciente del país, que ha provocado muertes, decenas de heridos, paradas de líneas y la convocatoria de una huelga nacional de maquinistas. Mientras las autoridades investigan las causas de los incidentes, crece la preocupación por el impacto de esta crisis en la vida cotidiana de millones de trabajadores que dependen del tren, especialmente en zonas donde no hay alternativas como el metro o el autobús.

El 18 de enero, dos trenes de pasajeros de alta velocidad colisionaron en la estación de Adamuz, en la provincia de Córdoba, en uno de los peores accidentes ferroviarios del país en lo que va de siglo. El accidente se saldó con 45 muertos y más de 245 heridos, muchos de ellos en estado grave, y dificultó las operaciones de rescate debido al accidentado terreno de la zona. La colisión entre un tren Iryo y una composición de Renfe supuso la muerte de decenas de pasajeros en una infraestructura que durante décadas se había considerado segura y moderna.

La tragedia de Adamuz fue seguida, dos días después, por otro accidente en Gelida, Cataluña, donde un tren suburbano descarriló tras el derrumbe de un muro de contención provocado por las fuertes lluvias. El incidente causó la muerte de un maquinista en prácticas y al menos 37 pasajeros resultaron heridos.

Esa misma semana se registró un tercer incidente cuando un tren chocó contra una grúa que se había adentrado en la vía férrea en la región de Cartagena, en el sureste de España. El impacto no causó víctimas mortales, pero seis pasajeros resultaron heridos y el servicio en la línea se interrumpió durante horas.

La sucesión de incidentes ha puesto de manifiesto profundas dudas sobre la seguridad de la infraestructura ferroviaria española, con los sindicatos denuncian un “deterioro inaceptable de las líneas” y exigiendo responsabilidades y cambios urgentes en las condiciones de funcionamiento y mantenimiento. En respuesta, el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF) convocó una huelga general de tres días para los días 9, 10 y 11 de febrero, con el objetivo de presionar para que se introduzcan mejoras efectivas en la seguridad tanto para los trabajadores como para los pasajeros.

Más allá de la tragedia en sí, la crisis ferroviaria tiene efectos directos sobre la vida cotidiana de los trabajadores que dependen de los trenes para desplazarse a sus lugares de trabajo. En muchas zonas de Cataluña, por ejemplo, no hay metro ni autobuses interurbanos, o son insuficientes, y la única alternativa viable de transporte es el ferrocarril regional o suburbano. Con líneas suspendidas, servicios reducidos y una huelga convocada en medio de la tensión, miles de trabajadores se enfrentan a un dilema práctico e inmediato: ¿cómo llegar al trabajo cuando el principal medio de transporte está colapsado?

Esta crisis se produce en un contexto en el que la propia España ha registrado un aumento de los accidentes laborales en general. Según datos provisionales del Ministerio de Trabajo y Economía Social de España, en 2024 se registraron 796 muertes por accidentes laborales, lo que supone un aumento del 10,4 % con respecto a 2023, incluyendo tanto los accidentes ocurridos en el lugar de trabajo como los denominados accidentes “in itinere” es decir, los que se producen en el trayecto entre el domicilio y el trabajo. Este aumento pone de manifiesto los retos persistentes en materia de seguridad laboral y prevención de riesgos en el entorno profesional, incluso durante los desplazamientos diarios de los trabajadores.

Para muchos empleados, la falta de alternativas de transporte implicaría optar por faltar al trabajo. Pero las faltas repetidas pueden acarrear descuentos salariales, amonestaciones o incluso despidos, dependiendo de la política de la empresa. Y cuando el problema es un miedo real, como tras una serie de accidentes graves, la situación se complica aún más.

Según Luciane Rabello, psicóloga, especialista en gestión de personas y directora ejecutiva de TalentSphere People Solutions, la situación exige algo más que ajustes puntuales. “Cuando el trabajador se enfrenta a una situación de riesgo percibido o real en su desplazamiento al trabajo, no se trata de una cuestión puramente logística, sino de salud mental y seguridad laboral. Penalizar a un empleado por no acudir al trabajo debido a fallos en el transporte, especialmente tras accidentes graves, es tan insensible como jurídicamente cuestionable”.

Los profesionales de la salud ocupacional y las relaciones laborales recuerdan que el impacto psicológico de tragedias como estas puede generar ansiedad, miedo al transporte público e incluso síntomas de estrés postraumático, lo que afecta la capacidad del empleado para realizar su trabajo con seguridad y bienestar. Rabello añade que, además de flexibilizar los horarios y permitir el teletrabajo cuando sea posible, las empresas deberían ofrecer apoyo psicológico y canales de comunicación que acojan las preocupaciones de los trabajadores sin penalizarlos.

Desde el punto de vista legal, la legislación laboral española y europea refuerza el derecho a la negociación colectiva y a la adaptación de las condiciones laborales ante situaciones excepcionales. Aunque no existe una norma única que dicte exactamente lo que debe suceder cuando un trabajador no puede acudir al trabajo debido a interrupciones en el transporte público, se anima a las empresas a negociar soluciones con los sindicatos y a considerar ajustes en la jornada laboral y las condiciones de trabajo que no perjudiquen injustificadamente al empleado.

Además de la dimensión laboral y psicológica, también hay un componente económico: la paralización de las líneas ferroviarias en una gran economía europea afecta a la productividad, aumenta los costes del transporte alternativo y puede generar efectos indirectos en los mercados regionales que dependen de la movilidad diaria.

La crisis ferroviaria española, con su inusual serie de accidentes y la reacción en forma de movilización de los trabajadores, sirve de alerta sobre la importancia de las inversiones continuas en infraestructura, mantenimiento preventivo y monitorización tecnológica avanzada, tal y como señalan los expertos en seguridad ferroviaria a nivel mundial. En un sistema en el que los accidentes graves en la UE han disminuido en más de un 30 % desde 2010, según datos oficiales, los recientes acontecimientos en España son una excepción que refuerza la necesidad de replantearse las prioridades y las prácticas.

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