La resolución, hito histórico en la justicia española, sienta un precedente sobre la responsabilidad del CGPJ en la gestión de sueldos y condiciones económicas de jueces sustitutos.

En la actualidad, en España hay 954 jueces sustitutos, lo que supone alrededor de un 17,6% del total de jueces en activo.

Cabe destacar la labor de Monerri, entre otros, en la instrucción del caso 'Tótem' de la localidad de Totana.

Concepción Monerri Guillén, fundadora del despacho Monerri Abogados, doctora en Derecho por la Universidad de Murcia y jueza sustituta durante casi veinte años, ha conseguido un dictamen histórico del Consejo de Estado que reconoce la responsabilidad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en perjuicios económicos y profesionales sufridos por jueces sustitutos. Se trata del primer dictamen en España que aprecia un funcionamiento administrativo anormal del CGPJ en forma de falta de negligencia, y ha sido asumido en su totalidad por el Ministerio de Justicia este mismo año.

El dictamen se circunscribe a la etapa de Monerri como jueza sustituta en el TSJ de Murcia, cuando un retraso y falta de diligencia en la notificación y tramitación de su recurso de alzada le impidieron ejercer plenamente su derecho preferente en los nombramientos de jueces sustitutos durante el año judicial 2015/2016. Así, aunque inicialmente fue excluida de la lista de jueces sustitutos para el año judicial, la Comisión Permanente del CGPJ la nombró formalmente jueza sustituta. Por ello, aunque Monerri estaba formalmente designada, su acceso efectivo a los puestos y llamamientos quedó condicionado hasta que se resolviera y notificara correctamente el citado recurso, lo que generó un desfase entre su derecho administrativo y su ejercicio práctico de las funciones.

Seguidamente, el recurso de alzada de la entonces jueza Monerri fue estimado parcialmente por la Comisión Permanente del CGPJ (reconociéndole tres puntos en la baremación y un derecho preferente) pero la resolución no fue notificada adecuadamente al TSJ de Murcia. Como consecuencia, este tribunal no aplicó a tiempo dicha preferencia, lo que impidió que nuestra fundadora ocupara los puestos que le correspondían, afectando a su puntuación en los llamamientos y generándole con ello un claro perjuicio económico y profesional.

Asismismo, el dictamen establece que la indemnización que le corresponde por la negligencia probada del CGPJ debe calcularse sobre la base de los llamamientos que Monerri habría recibido como jueza sustituta con su puntuación correcta, incluyendo trienios, antigüedad y cotizaciones a la Seguridad Social. En ejecución a lo anterior, este mayo de 2025, la Comisión Permanente del CGPJ ha reconocido a nuestra fundadora 237 días más trabajados como jueza sustituta en el ámbito del citado tribunal y, por tanto, el reconocimiento de los derechos administrativos correspondientes a dichos 237 días (en concepto de antigüedad y trienios, así como con la correspondiente cotización a la Seguridad Social).

Este hito judicial supone sentar un precedente pionero en relación a la responsabilidad del CGPJ de jueces en situación de sustitución en cuanto a sus retribuciones, condiciones económicas y su carrera profesional. De hecho, en España hay actualmente 954 jueces sustitutos en activo (aproximadamente el 17,6% del total) para los que Concha Monerri ha abierto una puerta y generado derechos. Además, es reseñable que recientemente la Comisión Europea ha instado al Gobierno a regularizar la situación de los mismos (considerándolos trabajadores fijos con derechos más estables y permanentes) por lo que la victoria histórica alcanzada por nuestra fundadora viene a sustentar la petición europea.

Cabe destacar, igualmente, que Monerri ejerció como jueza sustituta durante casi veinte años, habiendo desarrollado su labor en las jurisdicciones civil, penal, contenciosa y laboral en distintas instancias. Asimismo, es reseñable su actuación en la instrucción del caso 'Tótem', en virtud del cual el exalcalde de Totana y exdiputado del PP, Juan Morales, fue condenado a casi cinco años de prisión y una multa de ocho millones de euros por su implicación en una trama de pago de comisiones millonarias a cambio de licencias municipales en la localidad. También es doctora en Derecho por la Universidad de Murcia y profesora asociada de la Facultad de Derecho de la misma.

En la actualidad se encuentra trabajando en torno a la incapacidad temporal de estos jueces sustitutos en España para garantizar que no pierdan el derecho como consecuencia a la extinción de sus nombramientos o la falta de llamamientos que sustenten dicha prestación.