Presentamos en el Congreso tres propuestas para revitalizar la participación ciudadana ante la crisis de confianza democrática

Con ellas empieza el proceso para 'rescatar' el derecho de la ciudadanía a participar en la vida parlamentaria, dentro del recién aprobado I Plan de Parlamento Abierto 

Solo 4 de 154 Iniciativas Legislativas Populares logran prosperar en el Congreso en más de 40 años de democracia 

En un contexto de creciente desafección ciudadana hacia las instituciones democráticas, Political Watch ha presentado ante la Comisión de Calidad Democrática del Congreso tres propuestas para modernizar y fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en el marco del I Plan de Parlamento Abierto.

Los datos son contundentes: el 55% de la población española no se encuentra satisfecha con el funcionamiento de la democracia y el 38,5% no confía en el Parlamento como institución, según el barómetro del CIS. Más preocupante aún, 3 de 4 ciudadanos consideran que sus opiniones no son tenidas en cuenta a la hora de hacer política. 

Sin embargo, existe una paradoja esperanzadora: el 88% de los encuestados ve necesario crear o ampliar las formas de participar en los asuntos políticos, lo que evidencia que existe una ciudadanía frustrada, pero no desinteresada.

Derechos reconocidos pero infrautilizados

Political Watch ha identificado una realidad llamativa: España cuenta con herramientas de participación que, en la práctica, resultan irrelevantes. El derecho de petición, por ejemplo, apenas ha ocupado solo 19 horas de trabajo parlamentario en las últimas cuatro legislaturas para tramitar más de 9.000 peticiones ciudadanas. “Esta es una vía de participación que existe, pero que tal y como está planteada, resulta completamente inútil”, ha defendido en el Congreso Belén Agüero, la directora de investigación de la organización.

En general, la radiografía de la participación ciudadana en España revela un panorama desalentador. Desde 1983, se han presentado 154 Iniciativas Legislativas Populares (ILP), pero únicamente cuatro han logrado plasmarse de alguna forma en el Boletín Oficial del Estado. En el mismo período, 62 fueron inadmitidas, 55 caducaron por no reunir las firmas necesarias y otras permanecen bloqueadas durante años, como la ILP sobre ratios de personal de enfermería, que lleva desde 2018 pasando de legislatura en legislatura.

Tres propuestas para el cambio

La organización propone un plan de acción en tres ejes:

Modernización del derecho de petición: crear una plataforma digital que permita presentar peticiones online, recibir apoyos ciudadanos y hacer un seguimiento transparente de su tramitación. El objetivo es transformar un trámite burocrático en una herramienta real de escucha ciudadana.

Revitalización de la Iniciativa Legislativa Popular: garantizar que las comisiones promotoras puedan hacer seguimiento de sus propuestas más allá de la toma en consideración inicial y eliminar los bloqueos administrativos que condenan al fracaso iniciativas con amplio respaldo social.

Creación de espacios deliberativos: establecer un consejo ciudadano permanente que, siguiendo experiencias exitosas en países de nuestro entorno, permita al Parlamento conocer el sentir social sobre temas complejos antes de legislar. Un grupo de ciudadanas y ciudadanos seleccionados aleatoriamente que, tras informarse y deliberar, ofrezcan recomendaciones a los legisladores.

Tecnología al servicio de la democracia

Las propuestas aprovechan las posibilidades tecnológicas actuales para modernizar procesos que apenas han evolucionado desde la Transición. Plataformas como la del Parlamento Europeo, donde España lidera el número de peticiones enviadas (23% en 2023), demuestran que los ciudadanos están dispuestos a participar cuando encuentran canales accesibles y eficaces.

"El Congreso tiene la oportunidad, pero también la responsabilidad, de garantizar el ejercicio pleno del derecho constitucional a la participación", ha manifestado Agüero, refiriéndose al artículo 23 de la Carta Magna. "No podemos seguir ofreciendo derechos que luego no garantizamos. Eso genera más frustración en una ciudadanía que ya se siente poco escuchada", ha añadido.

La organización, que forma parte de la coalición "Ampliando Democracia" junto a numerosas entidades sociales, ve en el actual proceso de reflexión parlamentaria una ocasión única para modernizar la relación entre representantes y representados en plena era digital. 

Political Watch es un centro de investigación y cambio social que desarrolla herramientas de vigilancia de los poderes públicos y promoción de la participación ciudadana, utilizando tecnología e incidencia pública desde una vocación de construcción de alianzas.