País Vasco, La Rioja, Islas Baleares, Murcia y Comunidad Valenciana son las comunidades cuyos municipios, un total de 1.080, quedan exentos de medir y controlar la exposición al gas radón en los centros de trabajo. De estos, 226 presentan un potencial inferior al umbral de referencia de 300 Bq/m³, mientras que los otros 854 no están incluidos en ninguna zona de riesgo.

No obstante, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) recomienda no bajar la guardia, ya que en todas estas comunidades existe presencia de gas radón (43 % en País Vasco, 40 % en La Rioja, 37 % en Islas Baleares, 6 % en Murcia y 4 % en Comunidad Valenciana), aunque en menor proporción.

Por otra parte, serán 1.640 municipios —el 20 % del territorio español— los que deban aplicar la medida para garantizar la seguridad laboral. La aprobación de esta lista de municipios se produce un año después de que entrara en vigor la obligación general de medir el radón en zonas de riesgo, tal como establecía el Plan Nacional contra el Radón y la normativa del Código Técnico de la Edificación (CTE). 

La novedad de este 2025 es que el CSN ha definido por primera vez, de forma oficial, qué municipios están afectados y deben cumplir obligatoriamente con estas mediciones en sus espacios laborales. Aunque la presencia de este gas radioactivo se ha detectado en unos 4.000 municipios —es decir, en casi el 50 % del territorio español—, solo aquellos clasificados como Zona II están sujetos a esta obligación, ya que una parte significativa de su tejido urbano se encuentra en áreas con un potencial de radón superior al nivel de referencia de 300 Bq/m³.

El radón es un gas natural, incoloro e inodoro, que se genera por la desintegración del uranio en el subsuelo. Su peligrosidad no está en su origen, sino en su capacidad de infiltrarse en edificios, donde se acumula y representa un riesgo para la salud. La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo considera la segunda causa de cáncer de pulmón, solo por detrás del tabaco, y la primera entre personas no fumadoras. En España se estima que provoca más de 1.500 muertes al año.

La Instrucción IS-47 del CSN establece también las directrices para la medición en los centros de trabajo y obliga a medir la concentración de radón durante un periodo mínimo de tres meses, preferiblemente entre octubre y mayo, o a lo largo de todo el año si no hay cierres vacacionales.

Todo tipo de negocios y en plantas bajas y primeras

Esta medida afecta a todas las instalaciones laborales ubicadas en municipios clasificados como prioritarios, con especial atención a aquellas situadas en planta baja o bajo rasante, donde los niveles de radón suelen ser más elevados y pueden triplicar el valor de referencia. Oficinas, comercios, gimnasios, spas, laboratorios, aparcamientos o incluso espacios turísticos como minas o cuevas están entre los espacios más expuestos.

Aunque la concentración del radón tiende a disminuir con la altura, también se ha detectado en pisos superiores, debido a los materiales de construcción, el agua o el llamado “efecto chimenea”. 

En este contexto, Molins recuerda la importancia de actuar desde el diseño constructivo y la rehabilitación con materiales que actúen como “Stop” ante el radón, creando una barrera eficaz que impida su entrada. 

“No se trata de tomar medidas aisladas, sino de adoptar un enfoque integral que refuerce la seguridad de los negocios frente a riesgos invisibles como el radón. Tienen que ser, en lo posible, soluciones que cumplan con los requisitos del Código Técnico de la Edificación, que en las zonas de mayor riesgo (Zona II) exige una doble estrategia: una barrera física más una solución complementaria, como un espacio ventilado o la despresurización del terreno. La mejor manera de evitar el radón es impedir que entre en nuestras viviendas o lugares de trabajo, donde pasamos muchas horas al día”, explica David Rodríguez, Product Manager en Construction Solutions de Molins.