En abril de 2024 el PP con la abstención del PSOE y el voto en contra de Izquierda Unida Verdes-Podemos, aprobó la subida del 20% de las tarifas de agua potable que ha entrado en vigor a finales de año.

El PP ha decidido proteger los intereses de la empresa por encima de los intereses de los jumillanos y jumillanas, una empresa que ha obtenido beneficios muy por encima de lo estimado y que, además, ha recibido una subvención del ayuntamiento de más de 250.000 euros en 2023 y de otros 150.000 en 2024 con los votos favorables de PP, PSOE y VOX.

La justificación del equipo de gobierno para este incremento, fue que la empresa concesionaria había aludido en su informe al aumento de los gastos de electricidad, pero no se tuvo en cuenta que desde entonces el precio de la luz ha bajado mucho, ni el ritmo ascendente de los consumos en domicilios e industria, ni los beneficios que la empresa obtuvo en 2023 y que superaban con creces lo estimado por la propia concesionaria.

Además, este tarifazo carece de justificación legal pues el propio Consejo Asesor de Precios emitió entonces un informe desfavorable que meses después, con los mismos datos, cambió a favorable sin ninguna explicación, razón por la que IU Verdes-Podemos han interpuesto una denuncia ante la Fiscalía.

Estas cuestiones junto al falso carácter social de la tarifa para pensionistas que no facilita la bonificación por la documentación que se solicita, representa una agresión directa al bolsillo de la ciudadanía y penaliza a las familias más vulnerables.