Las declaraciones que el alcalde de Laredo, Miguel González (PP), ha realizado en un comunicado del cual se  hace  eco el Diario de Cantabria el pasado 10 de Septiembre, en relación a la suspensión de las acreditaciones en Calidad y Medioambiente de la Playa Salvé de Laredo, no pueden calificarse por menos que desafortunadas y, posiblemente, fruto del desconocimiento de la implicación que suponen los sistemas de gestión, en general, y los sistemas de Calidad y Medioambiente, en particular.

No cabe otra explicación posible para que un regidor de un municipio al cual se refiere él mismo como la "Capital de la Costa Esmeralda", abanderada del turismo en Cantabria, califique el asegurar los estándares de calidad y medioambiente de uno de sus mayores reclamos, la Playa Salvé, como "banderas que sólo sirven para tenerlas colgadas en los mástiles de la entrada de la playa".. No, Miguel. Eso no es así, y más concretamente cuando se está hablando de estándares internacionales, como la ISO 14001 de Gestión Medioambiental, prestigiosos a nivel nacional español, como la Q de Calidad Turística, otorgada ni más ni menos que por el propio ICTES (Instituto para la Calidad Turística Española y la Sostenibilidad) o la mismísima UNE 17001, Certificación de Accesibilidad Universal. Ni son simples sellos, ni son simples banderas, y calificarlas como tal, es un desprecio tanto al propio municipio que las ostenta, a los usuarios de las instalaciones de la Playa Salvé, tanto locales como foráneos, como a las entidades de certificación y acreditación que las avalan. Desprecio que resulta cuando menos curioso, si tenemos en cuenta que hace apenas unos meses el propio alcalde de Laredo salía orgulloso en las fotografías y los medios de comunicación durante la entrega del certificado de la ISO 14001 de Gestión Medioambiental en el IES Fuente Fresnedo del municipio.. ¿Acaso en ese caso en particular el sello o la bandera tiene un significado distinto?

Tras casi 16 años de experiencia en el sector de la calidad y seguridad industrial, habiendo trabajado en entidades de certificación, organismos de control e inspección y consultoras de cumplimiento legal y normativo, puedo afirmar, con cierto grado de conocimiento de causa, que son varios los motivos por los que se toma la decisión de implantar y certificar un sistema de gestión, cualquiera que éste sea.

El primero de ellos, es garantizar una imagen positiva de la entidad que lo implanta y lo solicita, tanto en su gestión, como en las medidas adoptadas para velar por el respeto al medio ambiente o a los usuarios, beneficiarios, clientes o sectores con los que la entidad o instalación interactúa.

El segundo, derivado del primero, es establecer una serie de medidas y actuaciones sistemáticas y estandarizadas destinadas a reducir y minimizar el impacto de su actividad.Si hablamos de gestión medioambiental, con mayor razón.

El tercero, mejorar la imagen y presencia corporativa, de la entidad, instalación o institución.

El cuarto, posicionarse positivamente ante el resto de entidades partícipes del sector.

El quinto, garantizar ante terceros el cumplimiento de la normativa vigente en cualquiera de los aspectos que sean de aplicación, como puede ser la gestión de residuos, limpieza, calidad de las aguas, instalaciones...

El sexto, aumentar las posiblidades de abrirse a nuevos mercados, potenciando la imagen de la marca.

Y así podríamos seguir hasta un largo etcétera.

Todo esto, conlleva un proceso previo de trabajo de implantación del sistema, elaboración de documentación, estudios, valoraciones y aplicaciones de medidas correctoras de deficiencias, compromiso por parte de la dirección, reformas en las instalaciones, mejora de las mismas, ejecución de obras, mantenimiento de las mismas... Este trabajo, que es y debe ser continuo, y sostenido en el tiempo, es el que finalmente es auditado, de manera anual, por parte de una entidad de certificación debidamente acreditada por el Estado y sus órganos representantes (ENAC, ICTES...) y de cuyo resultado depende el otorgar, mantener o rechazar la acreditación solicitada u otorgada.

¿Es un proceso costoso? Si. Por eso existen diversas entidades de acreditación, cada una con sus precios y tarifas, que ofrecen el servicio de auditoría en diferentes condiciones económicas. A mayores, existe la posibilidad de cambiar de entidad de certificación en cualquier momento del ciclo de auditoria, si el proceso es económicamente inviable. De igual modo, existen diversas entidades de consultoría, cada una con sus tarifas, que pueden ayudar y asesorar en los procesos. Y, finalmente, existen las figuras de los responsables de calidad y medio ambiente en las propias empresas o entidades, que son los encargados de velar por el cumplimiento correcto de esos procesos.

Consideramos relevante que la ciudadanía sea consciente de la importancia y la relevancia de estos procesos, porque la frivolidad y el menosprecio con los que presuntamente el alcalde de Laredo ha abordado este tema nos parece, como mínimo, preocupante. Especialmente si, como hemos remarcado, hablamos de un municipio que aspira a ser un referente turístico en Cantabria y que, como reza en el comunicado emitido, desea posicionarse "en un mapa turístico internacional".

Por otra parte, supeditar el mantenimiento (ya no sería mantenimiento, sino renovación, porque una vez que se suspenden las acreditaciones, por si alguien no lo sabe, se debe realizar una nueva auditoría desde cero, con el consiguiente sobrecoste económico asociado, para garantizar el cumplimiento normativo) de las certificaciones ya obtenidas a la ejecución de las futuras obras del paseo marítimo de Laredo, es otra muestra de desconocimiento y de improvisación por parte del equipo del consistorio. En primer Iugar, porque parece que desconocen que, como se ha mencionado, el suspender las acreditaciones obliga a realizar una auditoría de renovación desde cero si se quieren recuperar. Esto implica un sobrecoste económico innecesario porque también parece que se desconoce que cuando se hace una auditoría existe un concepto que se denomina "alcance", que no es otra cosa que el ámbito de actuación que se quiere abarcar durante la auditoría. Para que el ciudadano de a pie lo entienda, no es lo mismo auditar desde cero las instalaciones de la Playa Salvé y el Paseo Marítimo, conjuntamente, que auditar las instalaciones de la Playa Salvé y ampliar el alcance de la auditoria al Paseo Marítimo. Entre un tipo de auditoría y la otra, la diferencia económica puede suponer miles de euros que salen de los bolsillos de los contribuyentes. La solución más lógica y sencilla debería haber sido mantener las auditorías existentes, y en su caso, en un futuro, ampliar el alcance de auditoría incluyendo el nuevo Paseo.

"La ignorancia es la madre del atrevimiento", decían nuestros abuelos. Nos gustaría pensar que las declaraciones realizadas por el regidor de Laredo son fruto, quizá no de la ignorancia, pero sí al menos del desconocimiento.

Esperamos y deseamos que más pronto que tarde se haga eco de otro gran dicho popular que reza "enmendar es de sabios".