El VII Estudio Sociológico del Proyecto LIBERA refleja la falta de conocimiento acerca de la existencia de este tipo de sanciones por abandonar residuos en la naturaleza.
Además, aporta que el 77% de los encuestados considera que la sanción más efectiva para reducir la basura en la naturaleza sería una multa económica.
Por otro lado, el Parlamento Europeo aprobó el pasado febrero varios textos legislativos significativos que abordan los delitos contra el medioambiente donde se recogen expresamente menciones al manejo de residuos y su impacto ambiental.
El Proyecto LIBERA ha realizado recientemente su VII Estudio Sociológico, el cual revela que el 68% de la población no está al tanto de que se pueden imponer sanciones por abandonar residuos en entornos naturales. Además, el 77% de los españoles considera que la medida más efectiva para disminuir la cantidad de basura en la naturaleza sería la aplicación de multas económicas.
Una situación que viene apoyada por la aprobación de una normativa sobre delitos ambientales, entre los que se refleja el abandono de residuos en el medio natural. El 27 de febrero de 2024, el Parlamento Europeo aprobó mediante el procedimiento legislativo ordinario varios textos legislativos significativos que abordan los delitos contra el medioambiente donde se recogen expresamente menciones al manejo de residuos y su impacto ambiental.
Estas medidas representan un avance considerable hacia la protección del medioambiente y la promoción de prácticas sostenibles en toda Europa, incluyendo el Reglamento sobre el traslado de residuos y la Directiva para la protección del medioambiente mediante el Derecho Penal, los cuales buscan la recuperación de ecosistemas, la promoción de una economía circular y la imposición de sanciones proporcionales a delitos ambientales, respectivamente.
Esta directiva implica una serie de acciones específicas:
Identifica conductas que constituyen delito cuando son ilícitas e intencionadas, incluyendo vertidos, emisiones o introducciones de sustancias nocivas, así como la comercialización de productos que puedan causar daños al medioambiente.
Establece sanciones penales y medidas accesorias proporcionales a la gravedad de los delitos, como multas y prohibiciones de actividades relacionadas con el medioambiente.
Desde el Proyecto LIBERA se reconoce el valor disuasorio de las sanciones y se valoran positivamente los avances normativos en la lucha contra la basuraleza. Paralelamente, considera que se debe trabajar en la implementación de acciones educativas y de concienciación para reducir y eliminar la basuraleza. En este sentido, SEO/BirdLife y Ecoembes mantienen que la sensibilización ambiental y la promoción de prácticas responsables en la gestión de residuos son fundamentales para prevenir la necesidad de aplicar sanciones.
De este modo, el Proyecto LIBERA propone programas de educación ambiental en escuelas y comunidades educativas, así como campañas de sensibilización a la sociedad que promueven el respeto y el cuidado de los entornos naturales, con el fin de fomentar un cambio de actitud en el modelo de producción y consumo; y en la relación del ser humano con la naturaleza.
Por otro lado, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha presentado el Modelo de Ordenanza Marco de Residuos, un documento que establece directrices y pautas para la gestión de residuos en todo el país. Este modelo busca impulsar el desarrollo sostenible y fomentar la economía circular mediante una serie de medidas y recomendaciones que van desde la recogida selectiva hasta la reducción de residuos y la promoción del reciclaje. Una de las metas principales de esta ordenanza es reducir la cantidad de residuos generados en España.
En lo que respecta al abandono de basuraleza en entornos naturales, la responsabilidad de imponer multas recae en las autoridades locales, según lo establece la Ley 7/2022. Con el fin de garantizar una aplicación justa de las normas, se ha decidido incorporar un artículo especial para identificar claramente a los responsables, asegurando así que cada persona (física o jurídica) sea responsable de sus acciones.
Miguel Muñoz, coordinador del Proyecto LIBERA en SEO/BirdLife, asegura: "Las medidas coercitivas pueden tener resultados muy satisfactorios en el corto plazo y cualquier endurecimiento del castigo a los delitos ambientales sin duda supone una protección para nuestro patrimonio natural. Sin embargo, la dificultad de establecer mecanismos de vigilancia en muchos enclaves naturales hace necesario compaginar estas medidas con educación ambiental a todos los niveles de la sociedad".
Por su parte, Sara Güemes, coordinadora del Proyecto LIBERA en Ecoembes, explica: "Esta nueva legislación es un paso crucial en la protección de nuestro entorno natural. Refleja un compromiso firme de la Unión Europea en la lucha contra los delitos ambientales y fortalece la responsabilidad corporativa en la conservación de nuestro planeta. En Proyecto LIBERA, vemos esto como un impulso para crear una sociedad más consciente y comprometida con la preservación de la naturaleza para las generaciones futuras".
Cada estado miembro tiene un plazo de dos años para transponer esta nueva regulación en su ordenamiento jurídico nacional desde su publicación. Este nuevo marco legal representa un hito en la lucha contra los delitos ambientales y refuerza el compromiso de la Unión Europea con la conservación de la naturaleza y la protección de los recursos del planeta. El Proyecto LIBERA aplaude esta iniciativa y se compromete a seguir luchando contra la basuraleza en defensa del medioambiente y la promoción de una sociedad más sostenible.