CSIT UNIÓN PROFESIONAL y su Fundación Antonio Bustamante, FAB, presentan propuestas de posibles contenidos de la nueva Directiva sobre los Comités de Empresa Europeos, ya que consideramos que la participación de los sindicatos y de los representantes de los trabajadores en la toma de decisiones en los lugares de trabajo, es fundamental para garantizar tanto las condiciones de empleo, como las profesionales, o la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores del Sector de los Servicios Públicos.

Para ello, hemos remitido un documento a la Comisión Europea, reiterando nuestro llamamiento a fortalecer y ampliar el campo de actuación de los procedimientos de información, consulta y negociación colectiva en el ámbito del Sector de los Servicios Públicos (versión nacional y en el marco transnacional), expresando desde esta Organización Sindical nuestro pleno apoyo a la Comisión Europea, así como nuestra disponibilidad y voluntad de colaborar en esta materia, tanto con la Comisión y el Parlamento Europeo, como con otras instituciones europeas para lograr la implementación de los principios solicitados.

El pasado 26 de julio, la Comisión Europea presentaba su "Documento Analítico y de Consultas" para la segunda fase de consultas a los interlocutores sociales, en virtud del artículo 154 del TFUE sobre una posible revisión de la Directiva sobre los comités de empresa europeos (Directiva 2009/38/CE), que permanecerá abierta hasta hoy, 4 de octubre de 2023. Este análisis revisionista de la actual Directiva es consecuencia del llamamiento realizado por el Parlamento Europeo para fortalecer los CEE y sus capacidades operativas, además de aumentar su número teniendo en cuenta los diferentes sistemas de relaciones laborales de los Estados miembros.

La coincidencia de esta propuesta legislativa de la Unión Europea, con el desarrollo del Proyecto, financiado con fondos de la Unión Europea, "Supporting the Public Services Sector for Establishing and Promoting EWCs" dirigido por ambas Organizaciones españolas, y que cuenta con la participación de representaciones de Italia, Macedonia del Norte y Serbia; ha permitido analizar la participación de los trabajadores del Sector de los Servicios Públicos en el ámbito transnacional a través de la creación de Comités de Empresa Europeos, así como identificar las deficiencias de funcionamiento de los comités ya constituidos para mejorar su eficacia.

Desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL, tras analizar las dificultades que suponen la configuración del Sector Público en cada país, sus sistemas de relaciones laborales y la legislación comunitaria, para la constitución de estos Comités Europeos en el marco del Sector de los Servicios Públicos, hemos concluido que la única alternativa que se podría contemplar es crear un Sistema de Información transnacional en el referido Sector y para el conjunto de Estados miembros y candidatos.

Para alcanzar dicho Sistema de Información Transnacional, se requerirá la elaboración de una plataforma de intercambio de información estructurada y regulada entre los Estados miembros y los sectores de los servicios públicos, sobre mejores prácticas en materias concretas, buscando mayor visibilidad, conocimientos y experiencias.

En consecuencia, en el marco de esta segunda fase de consultas, CSIT UNIÓN PROFESIONAL ha expuesto a la Comisión Europea las siguientes propuestas sobre el posible contenido de esta acción:

Analizar la conveniencia de incorporar, en la revisión de la Directiva 2009/38, actuaciones concretas que permitan implementar Comités de Empresa Europeos en el ámbito del sector de los servicios públicos, y, en su caso, definir qué Empresas o Instituciones del Sector Público pueden constituir CEE, potenciando su creación y reforzando sus capacidades de actuación.

Extender las actuaciones que puedan derivarse de ese análisis a los países candidatos a formar parte de la Unión Europea.

Diseñar un Sistema de Información Transnacional para el Sector de los Servicios Públicos, integrado en la nueva Directiva sobre los Comités de Empresa Europeos, o como instrumento de participación de los trabajadores de este ámbito.

Definir, de manera conjunta con sindicatos y gestores públicos, las materias que deben ser objeto de información en el ámbito transnacional y en el marco de actuación del Sector de los Servicios Públicos.

Fortalecer y potenciar la utilización de los procedimientos de Información, Consulta y Negociación Colectiva o Diálogo Social, tanto en los ámbitos nacionales como en el transnacional en el Sector de los Servicios Públicos de los Estados miembros y candidatos, garantizando que reciben la información necesaria y completa, por parte de los gestores públicos, que les permita alcanzar acuerdos durante el procedimiento de Consultas.

Establecer un marco de sanciones efectivas para los empleadores del Sector de los Servicios Públicos frente a situaciones de vulneración grave del derecho a la información y a la consulta de los trabajadores y de sus representantes.

Promover un Marco sobre Negociación Colectiva en el Sector de los Servicios Públicos, para el conjunto de la Unión Europea, que suprima las actuales limitaciones en esta materia y que permita extender el alcance de esas negociaciones a materias como: las retribuciones, el desarrollo profesional, el empleo, la formación y la prevención de riesgos laborales, entre otras.

Fomentar, en consonancia con lo diseñado en el Marco Estratégico de la UE en materia de seguridad y salud en el trabajo 2021-2027, la elaboración de una Directiva sobre la protección de los riesgos psicosociales y la lucha contra la violencia, el acoso o la discriminación en el lugar de trabajo en el Sector de los Servicios Públicos, que se extienda a los Estados miembros y a los países candidatos, estableciendo actuaciones transnacionales que desarrollen un programa de apoyo a los trabajadores aquejados de riesgos psicosociales (incluidos el estrés, la depresión, el agotamiento profesional o el Burnout) con orientaciones y recomendaciones eficaces para luchar contra éstos, al considerar la importante sobrecarga física y emocional soportada por los trabajadores de los servicios públicos en su día a día laboral (situaciones que se incrementaron durante la crisis sanitaria y económica).