Hoy a las doce de la noche comienzan los paros de 24 horas convocados por el Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF) durante los martes y jueves del mes de julio. Para ellos el Ministerio de transporte, movilidad y agenda urbana ha programado unos servicios mínimos que contemplan el 100% de las circulaciones, cercenando el derecho a huelga de los trabajadores de Adif e ignorando las numerosas sentencias de la Audiencia Nacional y Tribunal Supremo a favor de SCF que anulan los servicios mínimos impuestos por abusivos.
La huelga anunciada el pasado mes, se debe a la falta de personal en Adif y cierre de dependencias, lo que supone un peligro para la seguridad en la circulación de trenes ya que se están incumpliendo los gráficos de trabajo y dejando la regulación de varias bandas a cargo de una misma persona. A lo cual se suma la pérdida de puestos de trabajo.
Sin embargo, la Secretaría de Estado de Transportes Movilidad y Agenda Urbana ha dictado unos servicios mínimos que incluyen todas las circulaciones ferroviarias habituales ya sean cercanías, media distancia, larga distancia y transporte de mercancías; así como un sinfín de trabajos de mantenimiento. Dicha resolución no respeta el derecho a huelga recogido en la Constitución, como así lo han señalado la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo en gran cantidad de sentencias firmes a favor de SCF por imponer el Ministerio de Transporte unos servicios mínimos abusivos a los trabajadores de Adif. Entre las que destacan los siguientes fragmentos:
"No se puede vaciar de contenido el derecho a la Huelga, ni tampoco rebasar la idea de contenido esencial. Por los requisitos constitucionalmente exigibles de neutralidad e imparcialidad que han de presidir la determinación de las actividades que deben ser mantenidas en caso de huelga, debiendo siempre, la decisión adoptada, provenir inequívocamente de la autoridad gubernativa asegurándose así que dicha decisión responda no a los intereses empresariales, sino a la necesidad de preservar los servicios esenciales para la comunidad".
"La huelga, por su propia naturaleza, presupone anormalidad en el servicio que se presta, es decir, no puede significar en principio el funcionamiento normal del 'servicio', pues para que se produzca los objetivos deseados por quienes la llevan a cabo es preciso que mantenga capacidad suficiente, incidiendo en el servicio que se presta perturbándolo hasta límites que se encuentren dentro de lo razonable.
No pueden pretender los promotores de la Huelga parar todo el tráfico ferroviario, también lo es que tampoco, ni la empresa, ni el ministerio de transportes, puedan fijar unos servicios mínimos que tengan por objetivo mantener el servicio como si no hubiera huelga".
Pese a esta reiterada doctrina, Adif con la colaboración del Ministerio de transporte, movilidad y agenda urbana ha hecho caso omiso de las mismas para la huelga convocada los días 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 y 27 de julio. Ante este atropello que supone la anulación total del derecho a huelga y de la lucha por la seguridad en la circulación de trenes, el Sindicato de Circulación Ferroviario tomará las medidas jurídicas oportunas para revertir la situación.