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Bolt: "lamentamos que el Gobierno vuelva a discriminar entre modos de movilidad, en vez de priorizar los derechos de la ciudadanía a elegir libremente"

Ante las últimas medidas aprobadas por el Gobierno en contra del TJUE para limitar la autorización de nuevas licencias VTC

La incertidumbre y la fragmentación normativa que desencadena el nuevo decreto pondrán en juego la sostenibilidad de miles de autónomos y pymes del sector.

Bolt fomenta un modelo de movilidad sostenible, con flotas de vehículos cada vez menos contaminantes, y que permita la flexibilidad y libertad de elección de los ciudadanos

Ante las últimas medidas aprobadas por el Gobierno para limitar la autorización de nuevas licencias VTC, trasladando a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos la posibilidad de restringir su actividad dando un trato preferente a un sector frente a otro, lo que va en contra del espíritu de sentencia del máximo tribunal de la Unión Europea, Bolt declara que:

La incertidumbre y la fragmentación normativa que desencadena este reglamento pondrán en juego la sostenibilidad de miles de autónomos y pymes del sector.

Se sustituyen medidas arbitrarias, como el ratio cuantitativo del 1/30, declarado ilegal, por otras que inducen a la confusión, aunque supuestamente estén basadas en criterios objetivos.

La empresa está comprometida con el progreso de sus socios, tanto taxis como VTC, y está a la espera de la publicación del texto final en el boletín oficial para evaluar los próximos escenarios y/o acciones adicionales por su parte.

El nuevo reglamento y las restricciones para los operadores urbanos encuentran su fundamento en la necesidad de proteger el taxi como "servicio de interés público" que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) declaró no conforme con el derecho comunitario. En ese sentido, el nuevo reglamento ahondará en la judicialización del sector.

El decreto del Gobierno se ha llevado a cabo mediante un procedimiento de urgencia, sin sentar a todos los actores en la misma mesa. Bolt aboga por trabajar en un marco estable a largo plazo, regulando las VTC y los taxis de acuerdo con los principios del TJUE y fomentando al mismo tiempo la modernización de los taxis.

Daniel Georges, director de VTC y Taxi de Bolt en España, afirma que "consideramos que, en términos generales, la nueva regulación se basa en la premisa de que el taxi es un servicio público, cuestión que el Tribunal Superior de Justicia de la UE ya descartó en su sentencia del 8 de junio. En este sentido, lamentamos que la motivación vuelva a ser la imposición de límites a la actividad empresarial y no los derechos de los usuarios a recibir un servicio de calidad."

Transición justa hacia un modelo de movilidad sostenible e inclusivo

Bolt quiere fomentar la actividad de los operadores al servicio de la sostenibilidad de las ciudades, en materias como la calidad del aire o la congestión. A este respecto, la compañía afirma que apuesta por una regulación justa y proporcional frente a una liberalización masiva del sector, que pudiera tener consecuencias indeseables sobre los profesionales y los entornos urbanos. No obstante, señala que cualquier criterio debe ser común a todos los operadores de transporte, tanto taxis como VTCs, en lugar de ser un instrumento para limitar la actividad de uno de ellos.

Bolt quiere un modelo de movilidad sostenible, con flotas de vehículos cada vez menos contaminantes, y que permita la flexibilidad y libertad de elección de los ciudadanos a la hora de desplazarse, ya que lo que necesitan y demandan es un servicio rápido, eficiente y de calidad.Las ciudades necesitan un modelo de movilidad inteligente e innovador, y que beneficie a los usuarios. Coincidimos con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia del 8 de julio, con las principales conclusiones, que priorizan el derecho a la movilidad de los ciudadanos por encima de los intereses sectoriales, y arrojan luz sobre aquellas restricciones cuantitativas y cualitativas que no se ciñen al interés público. "La sentencia del TJUE era una oportunidad para todos los operadores de la necesaria seguridad jurídica en torno a reglas claras, modernizando un sector tan importante como es el transporte urbano aprovechando las nuevas tecnologías. Sin duda, se trata de una oportunidad perdida que esperamos que se retome en el nuevo curso político", señala Georges.

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