Vivimos momentos especialmente convulsos, y también decisivos, en el ámbito político e institucional de nuestro país. Acaban de producirse unos comicios autonómicos y municipales y en poco más de un mes se celebrarán elecciones generales.

En definitiva, a la vuelta del verano contaremos con un nuevo Gobierno estatal y también con nuevos ejecutivos autonómicos con la encomienda del conjunto de la sociedad de gestionar los recursos públicos existentes para, entre otros objetivos, mejorar la atención y cuidados que se ofrecen en los centros sanitarios y sociosanitarios de nuestro país.

De igual manera, tendrán que adoptar las decisiones pertinentes para mejorar las condiciones laborales y profesionales del personal sanitario y, muy especialmente, de aquellos que sufren penosidad, precariedad y, además, algunas situaciones de discriminación laboral que se perpetúan año tras año.

Es el caso de las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas de la Región de Murcia en muchos aspectos y, entre otros, en lo que respecta a su permanencia en una categoría profesional dentro de la administración pública, el subgrupo A2, que supone una clara situación de desigualdad con respecto a otros profesionales que imposibilita su avance y desarrollo profesional.

Una situación que no tiene ninguna razón ni fundamento de ser desde que se comenzó a implantar en España el Espacio Europeo de Educación Superior, promovido por los Acuerdos de Bolonia, y se extinguiesen los planes de estudios de licenciatura y diplomatura.

En la actualidad, son titulados universitarios todos aquellos que obtienen un título de Grado, entre ellos, las enfermeras y fisioterapeutas, por lo que estos profesionales sanitarios deberían pertenecer al Grupo A sin ningún tipo de distinción que, como ocurre actualmente, les perjudica y minusvalora.

¿En qué les perjudica? Seguir en el subgrupo A2 conlleva, por ejemplo, que no puedan acceder a puestos y responsabilidades relacionadas con la gestión o dirección de alto nivel, como las gerencias de los centros sanitarios o en grupos de investigación/docencia.

Por todo ello, al nuevo Gobierno resultante de las urnas en julio le pediremos que se modifique el artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) para eliminar la vigente y anacrónica división en subgrupos A1 y A2 en el Grupo A, y que todos los titulados universitarios, caso de las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas, pertenezcamos al Grupo A, sin subgrupos.

Hay que tener claro, además, que posibilitar el avance profesional que se merecen las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas supone, en definitiva, una mejora del funcionamiento del sistema sanitario en su conjunto y, con ello, de la atención y cuidados que se prestan a los pacientes y a la ciudadanía en de la Región de Murcia.

Y es que contar con enfermeras y fisioterapeutas en cargos directivos, grupos de investigación o puestos relacionados con la gestión supone, en la práctica, que pueden desarrollar todo su potencial, en base a su preparación, cualificación y competencias, en ámbitos que influyen de manera decisiva en el funcionamiento del sistema sanitario. Sin duda, ganamos todos.

Otro aspecto a tener en cuenta es que Enfermería y Fisioterapia son profesiones con un alto porcentaje de mujeres, por lo que las administraciones están propiciando también una clara discriminación que imposibilita un mayor desarrollo profesional y personal del colectivo femenino. Se está colaborando, sin duda, en agrandar la brecha laboral de género.

Una injustificable realidad que, paradójicamente, no afecta a otros profesionales sanitarios y trabajadores de la administración pública que también son titulados universitarios de Grado y tienen 240 créditos ECTS, al igual que las enfermeras y fisioterapeutas, pero que sí están incluidos en el subgrupo A1, caso de los físicos, biólogos, psicólogos, economistas, abogados y periodistas.

Se trata, en definitiva, de resolver una cuestión de dignidad y respeto profesional hacia el conjunto de las enfermeras y fisioterapeutas de la sanidad pública que los responsables políticos e institucionales que prometen muchos cambios y mejoras durante la campaña electoral deberán hacer realidad si asumen funciones de gobierno, y deberán hacerlo cuanto antes. No podemos ni vamos a esperar más.

José Antonio Blaya Rueda, secretario de SATSE en Murcia