El Sindicato de Enfermería pide a Ángel Gabilondo que inste al Gobierno a realizar las modificaciones legales necesarias para que las enfermeras, fisioterapeutas y el conjunto del personal de la administración pública recupere el abono íntegro de sus pagas extraordinarias, un derecho "sustraído" hace 13 años.

El recorte que el Gobierno impuso en 2010 como algo "extraordinario" dada la difícil situación económica se ha mantenido en el tiempo y ha supuesto una pérdida para cada enfermera o fisioterapeuta de unos 600 euros cada año hasta la actualidad, lo que lleva a una cifra total de hasta 7.500 euros, apuntan desde la organización sindical

El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha denunciado ante el Defensor del Pueblo la injusta y discriminatoria realidad laboral que sufren las enfermeras y fisioterapeutas de la administración pública, al no recibir la cuantía total de sus pagas extraordinarias desde hace 13 años, y le ha solicitado que inste al Gobierno a que solucione este problema que ha provocado que cada profesional haya perdido hasta un total de 7.500 euros.

En un escrito de queja remitido al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, SATSE detalla la perjudicial situación que sufren las enfermeras, fisioterapeutas y el conjunto de profesionales de la administración pública de nuestro país desde que, en 2010 y debido a los recortes impuestos por el Gobierno a consecuencia de la crisis económica, dejaron de percibir un 27 por ciento de la cuantía total de cada una de sus dos pagas extraordinarias.

Este recorte, que el propio Gobierno consideró como algo "extraordinario" dada la muy compleja situación económica se ha mantenido finalmente en el tiempo y ha supuesto una pérdida anual de unos 600 euros hasta la actualidad, lo que lleva a una cifra total de hasta 7.500 euros, explican desde la organización sindical.

SATSE, principal sindicato de la sanidad pública de nuestro país, recuerda al Defensor del Pueblo que este recorte indiscriminado de las pagas extraordinarias de las enfermeras y fisioterapeutas supone una lesión de sus derechos individuales y una vulneración del principio de conservación de las retribuciones consolidadas de los trabajadores, tal y como señala la jurisprudencia al respecto.

Por ello, el Sindicato de Enfermería pide a Ángel Gabilondo que inste al Ejecutivo de Pedro Sánchez a que posibilite la recuperación del abono íntegro de las pagas extraordinarias y que, con carácter extraordinario, libere una partida presupuestaria para posibilitar en un plazo máximo de dos años la recuperación de poder adquisitivo que ha perdido el conjunto de trabajadores públicos de nuestro país.

"Mientras el conjunto de profesionales de la administración pública de nuestro país no recibía las retribuciones reconocidas por la Ley, el coste de la vida seguía aumentando, especialmente en los últimos meses cuando la inflación se ha disparado y los precios en la cesta de la compra, carburantes, electricidad, calefacción y otros suministros básicos son cada vez menos asumibles por muchas familias", señala.

Asimismo, SATSE reitera que los profesionales sanitarios y el resto de los empleados públicos no pueden seguir aguantando esta situación de tratamiento punitivo y diferencial frente al resto de trabajadores del país, reiterando que no se está solicitando un nuevo reconocimiento retributivo, sino que les devuelvan lo sustraído desde 2010.

"Se trata de un abuso por parte de la administración que se ha mantenido a lo largo de los años a pesar de los distintos gobiernos que se han sucedido, y ha llegado el momento de que se tomen cartas en el asunto, más si cabe cuando las previsiones de crecimiento de España para este año y el próximo se siguen modificando al alza, como también ha concluido en días pasados la Comisión Europea", señala

Esta nueva iniciativa es una más de las ya puestas en marcha en los últimos meses por el Sindicato de Enfermería para recuperar el abono íntegro de las pagas extraordinarias, como las cartas dirigidas al presidente, Pedro Sanchez, a la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, y a los partidos políticos; la presentación de una Proposición no de Ley (PNL) a los grupos para que este asunto se aborde en el Congreso de los Diputados, o la remisión de escritos al Gobierno por parte de los propios profesionales afectados.