La docena de organizaciones que conforman la Plataforma CEDAW Catalunya denuncian que, en el Estado español, "se criminaliza, por varias vías, el trabajo sexual, exponiendo a serios riesgos a las trabajadoras sexuales".

El IX Informe Periódico del Estado español ha sido presentado en la 85a sesión del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (Comité CEDAW), que se ha celebrado en Suiza.

Esta mañana, el Gobierno del Estado español ha presentado su IX Informe Periódico durante la 85a sesión del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (Comité CEDAW) en Ginebra.

Un informe que recoge aquellas leyes y políticas estatales que la Plataforma CEDAW Catalunya rechaza públicamente al considerar que criminalizan a las trabajadoras sexuales y a la migración irregular.

"Las políticas de persecución de la migración irregular afectan de manera desproporcionada a las trabajadoras sexuales que son inmigrantes indocumentadas.

El trabajo sexual lo ejercen, principalmente, las mujeres que están en los márgenes, que no sólo son criminalizadas por el trabajo que hacen, sino también por su estatus migratorio", comenta la Plataforma CEDAW Catalunya en su nuevo Informe Sombra.

El Ministerio de Igualdad también ha participado de esta sesión celebrada en el país suizo, en representación del Estado español.

El Comité CEDAW ha recibido con antelación información de la sociedad civil para interrogar al Estado español sobre la verdadera situación de los derechos de las mujeres en el país, y la Plataforma CEDAW Catalunya ha querido manifestarse exponiendo los peligros, vulneraciones y dificultades que las leyes y políticas que se aplican en el Estado suponen para uno de los colectivos de mujeres más marginalizados, el cual sufre el impacto de múltiples formas de discriminación (inmigración, pobreza, identidad de género, etc.).

La Plataforma CEDAW Catalunya manifiesta que el Gobierno no está teniendo en cuenta al grupo afectado en cuestión, es decir, a las trabajadoras sexuales y a sus colectivos organizados.

También apunta que, desde el Estado español, no se diferencia a escala legal el tráfico de personas y la ejecución del trabajo sexual, contemplando unas políticas prohibicionistas que ponen en riesgo tanto la situación laboral, ya muy precarizada, de las trabajadoras sexuales, como otros derechos fundamentales, como es el acceso a una vivienda digna.

En esta línea, en el Informe Sombra de la Plataforma CEDAW Catalunya se recuerda que el Estado español está apostando por una política abolicionista que se ha demostrado que no está funcionando en los países en los cuales ya se ha implementado.

"La criminalización y penalización, tanto de las trabajadoras sexuales como de sus clientes, no demuestra la disminución de los casos de tráfico, e, incluso, provoca el aumento del estigma y la violencia ejercida –institucional, sexual, física, psicológica, legislativa, etc.– hacia el colectivo".

El enfoque del Informe Periódico y de las políticas del Estado español está basado en la erradicación del tráfico de personas y la presencia de la figura del proxeneta en el trabajo sexual, lo cual deja al margen otra realidad cada vez más patente: la de aquellas mujeres que declaran hacerlo por decisión propia y sin la presencia de terceras personas.

Desalojar viviendas donde se ejerce el trabajo sexual, con la intención de frenar el proxenetismo, pone en riesgo el derecho a la vivienda de las trabajadoras sexuales, muchas de ellas migrantes en situación administrativa irregular.

Esta falta de mirada interseccional también pone en riesgo, según la Plataforma CEDAW Catalunya, al colectivo trans que, sufriendo una desocupación del 85%, acude al trabajo sexual como única opción.

La existencia y promoción de leyes que no ponen en el centro los derechos de las mujeres, y no tienen en cuenta los diferentes ejes de opresión de quienes practican la prostitución, es ejercer violencia institucional.

"Todos los derechos humanos de las mujeres están en riesgo cuando el Estado las criminaliza y persigue para ejercer una actividad cada vez más estigmatizada, por no ajustarse al estereotipo que sólo las reconoce como víctimas y por reivindicar su capacidad para decidir sobre sus propias vidas", declara la Plataforma CEDAW Catalunya en su Informe Sombra.