Ante la votación de urgencia en el Congreso sobre la modificación de la Ley Crea y Crece (en el punto relativo a la Ley General de Subvenciones), con el objetivo de hacerla más laxa para que las empresas que no cumplen la ley de morosidad puedan acceder a los fondos Next Generation EU (NG EU), la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha querida matizar su postura.
Para su presidente, Antoni Cañete, el objetivo de la Ley Crea y Crece era resolver el tema del retraso de los plazos de pago. "Si esto está generando en determinadas empresas un problema en el otorgamiento de las subvenciones, podemos flexibilizar en este sentido, pero únicamente si esta modificación se acota temporalmente (preferiblemente a un plazo máximo de seis meses) y si con ello resuelven sus problemas de morosidad, ya que, de no ser así, supondría un claro y peligroso paso atrás, y no solucionaría el problema que, precisamente, era el reto que estábamos encarando con la Ley Crea y Crece".
En su opinión, "todo esto (la modificación de la ley, la urgencia,…) sería innecesario si hubiera un régimen sancionador que castigue el incumplimiento de los plazos de pago, porque es una alternativa que lograría el mismo objetivo que la modificación propuesta. De existir, no habría que modificar una ley de manera urgente sin saber cuáles serán las consecuencias porque, de no hacerse bien, podrían ser negativas".
La PMcM, recuerda que el problema de la morosidad afecta en su mayoría a pymes y autónomos. Según su último informe, el plazo medio de pago del sector privado se situó en 67 días, cifra superior a los 60 establecidos por la Ley 15/2010 para las empresas. Para el 55% de los encuestados el tipo de cliente por tamaño de empresa que más tarda en pagarles son las grandes empresas (las que tienen una facturación superior a 50 millones de €). Cuando los encuestados son preguntados por cuánto tardan aproximadamente en pagarles sus clientes que son grandes empresas, el 75% declara que estas superan el plazo legal: el 38% coincide en que lo hacen algo por encima del plazo legal (tardando entre 60 y 90 días), y el 37% señala que les pagan muy por encima de los plazos legales (más de 90 días). Solo el 25% de las grandes compañías les pagan dentro del plazo legal.