Por sectores, el de la Construcción y el de las actividades Inmobiliarias, continúan siendo de los más morosos, con 120 y 140 días de media respectivamente. Otros también con altos periodos de pago son Actividades profesionales, científicas y técnicas (146), los de Industrias extractivas (140 días), e Información y comunicaciones (122). De todos, el sector que más demora presenta es el de Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación (con 149 días de plazo medio). Por tamaño de empresa, las grandes tardan más en pagar que las pymes: 71 días frente a 64.

"La morosidad es muy preocupante, más si cabe en un contexto de incremento de la inflación, encarecimiento de la financiación que sufren especialmente las pequeñas empresas y las familias, y subida del 2,5% del tipo de interés de demora en las operaciones comerciales durante este primer semestre de 2023, fijándose en el 10,5%".

"Un régimen sancionador introducido en la actualización de la Directiva Europea sería un gran paso, a la vista del tapón existente todavía hoy en el Congreso sobre este tema".

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha denunciado, con arreglo a los datos de la Central de Balances del Banco de España relativos a 2021, que en algunos sectores se duplique el plazo medio de pago, y urge a implantar un régimen sancionador ante la evidente posición de dominio de algunas grandes empresas. A pesar de los avances en morosidad, los plazos de pago a proveedores en 2021 se situaron a niveles de un lustro atrás (2016), en una media de 69 días.

Por sectores, el de la Construcción y el de las actividades Inmobiliarias, continúan siendo de los más morosos, con 120 y 140 días de media respectivamente. Otros también con altos periodos de pago son los de Actividades profesionales, científicas y técnicas (146), Industrias extractivas (140 días) e Información y comunicaciones (122). De todos, el sector que más demora presenta es el de Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación (con 149 días de plazo medio). En lo que se refiere al tamaño de empresas, las grandes tardan más en pagar que las pymes: 71 días frente a 64.

"Los datos del análisis financiero que el Banco de España ha realizado sobre más de 537.000 empresas durante 2021 son muy similares a los que publicamos desde la PMcM en nuestros informes anuales", indica el presidente de la entidad, Antoni Cañete. "Hemos venido constatando y denunciando que los esfuerzos en materia de morosidad de los últimos años no son suficientes. Estos datos son muy preocupantes, más si cabe en un contexto de incremento de la inflación, encarecimiento de la financiación que sufren especialmente las pequeñas empresas y las familias, y subida del 2,5% del tipo de interés de demora en las operaciones comerciales durante este primer semestre de 2023, fijándose en el 10,5%", añade.

La PMcM destaca como cambio histórico la Ley de Contratos del Sector Público de 2017, al limitar las trampas y abusos a los subcontratistas, pero señala que "su impacto no se ha traducido finalmente en una clara reducción de la morosidad como constatan estos datos del Banco de España".

Ese mismo año, la PMcM también valoró muy positivamente el respaldo y apoyo de todos los grupos políticos a la Proposición de Ley de Refuerzo de la Lucha contra la Morosidad en las operaciones comerciales que propuso Ciudadanos, en la que se contemplaba un régimen de información y sanciones a los morosos. "Sin embargo, no pudo materializarse debido a que no llegó a tiempo antes del cambio de Gobierno", se lamenta Cañete.

Ya en 2020, cabe recordar que durante la pandemia se hizo "un esfuerzo muy grande de lanzar liquidez al sistema y, aunque no detectamos una subida enorme de morosidad, tampoco la frenó ni la redujo…", explica Cañete. También ese año se dio un gran paso con el consenso del arco parlamentario para poner en marcha un régimen sancionador, pero a día de hoy todavía no se ha terminado de sacar adelante esta Ley de modificación de la Ley 3/2004, tras más de dos años de prórrogas consecutivas.

Por todo ello, y ante la falta de una reducción real de los plazos de pago, la PMcM reivindica la urgente puesta en marcha de un régimen sancionador que penalice con multas a las empresas morosas. "Un régimen sancionador introducido en la actualización de la Directiva Europea sería un gran paso, a la vista del tapón existente todavía hoy en el Congreso sobre este tema".

Paralelamente, Cañete insiste en que "es vital en nuestro país que empiece a funcionar lo antes posible el Observatorio de la Morosidad, que analizará exhaustivamente la realidad de esta lacra, y en el que la PMcM espera tener un papel activo; no obstante, no debería permitirse que esta institución se constituya de forma sesgada desde un sector interesado, que está dando informes alterados sobre morosidad", alerta.