España es un estado plurilingüe ya que varias de sus comunidades autónomas cuentan con su propio idioma cooficial, que no debe confundirse con los dialectos. La oficialidad y cooficialidad de las lenguas determina que son de uso obligado en las administraciones públicas, en leyes, actos y documentos gubernamentales, en los tribunales de justicia, o en las oposiciones. La lengua oficial de España es el castellano, pero comparten su oficialidad según el territorio con: el catalán, el gallego, el euskera y el aranés.

El catalán es la primera lengua cooficial en número de hablantes con 11,5 millones de personas en Cataluña y sus variantes en la Comunidad Valenciana y en las Islas Baleares. Le sigue el gallego con casi 2 millones de hablantes en Galicia. La tercera lengua cooficial es el euskera, vasco o vascuence, con cerca de 1 millón de hablantes en el País Vasco y el norte de la Comunidad Foral de Navarra. Se desconoce su origen y se considera la lengua cooficial más compleja. Por último, desde 2006 es también oficial el aranés, hablado por casi 3000 personas que habitan el Valle de Arán, en Lleida.

Por ello, cada vez es más común que se solicite el servicio de traductores jurados para lenguas cooficiales, ya que la ley contempla que haya un traductor jurado para cada caso, aunque hay excepciones. En este artículo te contamos todo lo que necesitas saber.

En las regiones citadas donde existe una lengua cooficial, la aprobación de determinados documentos requiere de una traducción jurada. Estas traducciones oficiales están certificadas y tienen la misma validez que los documentos originales, pero para ello es necesario contar con la firma de un profesional acreditado, que cuenta con los conocimientos y conoce las normas específicas requeridas. Además, en ciertos casos es aplicable realizar una traducción puente a un tercer idioma que suele ser inglés o francés.

Es el destinatario del documento quien determina si es necesaria una traducción jurada. Por ejemplo, universidades, instituciones mercantiles, registros civiles, ayuntamientos y otros organismos nacionales o autónomos lo establecen en sus normativas.

Existe una amplia variedad de documentos de ámbito público y privado que requieren de traducciones juradas: certificados oficiales (nacimiento, defunción, matrimonio, divorcio, antecedentes penales), académicos (notas y títulos), médicos, los que avalan la experiencia laboral, contratos, etc. Además de cualquier documento va dirigido a órganos oficiales para la realización de algún trámite.

Por ello, los traductores jurados están familiarizados con la terminología legal. Se han formado a un nivel de complejidad elevadísimo de la lengua cooficial, lo que les permite mantenerse plenamente fieles al texto original para que sus traducciones juradas cumplan con todos los requisitos estipulados y los parámetros establecidos. Las traducciones juradas incluyen los datos personales y el número de traductor jurado que le fue otorgado por el Estado, que le responsabiliza sobre el texto final. El optar por una traducción oficial garantiza al interesado la calidad y validez de los documentos presentados, de forma que se ahorra malgastar tiempo y dinero evitando posibles rechazos por presentar errores los documentos que dilatarían los trámites.

Más información en: https://www.traductorjurado.org/