La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), que ayer votó en el Consejo Nacional del Agua en contra, entre otros, de los planes de cuenca del Segura y el Tajo, reclama que la aprobación definitiva por el Consejo de Ministros tenga en cuenta las gravísimas consecuencias socioeconómicas que supondría, especialmente para pequeños y medianos agricultores y explotaciones familiares, una restricción sustancial de la disponibilidad de agua del Trasvase.

UPA-Murcia, que no cuestiona la necesidad de garantizar el buen estado medioambiental de los ríos y la calidad de sus aguas, rechaza que la fórmula para conseguir ese objetivo sea usar agua de calidad para enmascarar los perjuicios de una deficiente actuación en el tratamiento y depuración de aguas residuales. Esto supone el despilfarro de un bien indispensable y escaso en nuestro país.

La prioridad, en opinión de UPA, deben ser las actuaciones e inversiones tendentes a no contaminar las aguas ni deteriorarlas, a fin de incrementar la disponibilidad de agua de calidad al menor coste posible para todos los usos, vigilando y exigiendo que se haga un buen uso del recurso por aquellos usuarios legalmente autorizados.

Sobre las dudas surgidas en torno al borrador de Real Decreto del Plan de cuenca del Tajo que recibió ayer el respaldo mayoritario del Consejo Nacional del Agua, UPA exige al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, como proponente del mismo, que garantice que el texto que definitivamente resulte aprobado por el Consejo de Ministros goce de la seguridad jurídica necesaria para evitar incrementos futuros de los caudales ecológicos si se confirma que las masas de agua alcanzan un buen estado, respetando de esta forma el cumplimiento del espíritu de la Disposición Adicional objeto de controversia.