La Ley Crea y Crece es "un buen punto de salida, pero por sí sola no soluciona; es necesario que se implementen ya sus novedades: que se ejerza de forma previa un control de los pagos para acceder tanto a las subvenciones públicas como a la contratación pública, y que las grandes empresas compartan públicamente todos los datos sobre los que están dejando de informar".

La PMcM ha valorado positivamente la posición de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, respecto a la Directiva Europea sobre morosidad.

Exige la puesta en marcha lo antes posible del Observatorio de la Morosidad, en el que espera tener un papel activo, y ha alertado de que no debería permitirse que esta institución se constituya de forma sesgada desde un sector interesado, que está dando "informes alterados sobre morosidad".

En el ámbito privado, donde se sabe que algunas de las grandes empresas deben a sus proveedores unos 82.000 millones de euros por encima del plazo legal de pago (60 días), la única solución es implantar el régimen sancionador que multe a las empresas morosas.

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha exigido la urgente implementación de la Ley Crea y Crece porque "aunque contiene medidas que contribuirán a mejorar los plazos de pago en nuestro país, por sí sola no soluciona el problema de la morosidad". Así lo ha manifestado su presidente, Antoni Cañete, en el marco de la Asamblea Abierta que ha celebrado en la sede del Parlamento Europeo en Madrid con la participación de representantes de los grupos parlamentarios, quien ha asegurado que la PMcM fiscalizará el correcto cumplimiento de esta normativa.

En un contexto como el actual (con la inflación disparada y una subida de tipos de interés que ahogan a las empresas y alientan la morosidad), con los datos en la mano de la Unión Europea sobre que una de cada cuatro quiebras se debe a las facturas impagadas, y con previsiones como las de Crédito y Caución que cifran en 171.000 las empresas que ven amenazada su supervivencia por la morosidad, "todo nos hace pensar que si no actuamos de manera urgente no podremos salvar a nuestras pymes y autónomos, pudiendo cerrar unas 200.000 empresas", estima Cañete.

En su opinión, ahora más que nunca se hace necesario que se apliquen de forma inmediata las novedades aprobadas en la Ley Crea y Crece. Especialmente, que se ejerza de forma previa un control de los pagos para acceder tanto a las subvenciones públicas (siendo necesario entregar un informe del auditor), como a la contratación pública. Respecto a este punto, cabe recordar que según el último informe de Oriescon relativo a 2020 no se estaba haciendo el control de pagos de los principales contratistas: de los 1.250 en los que se estaba obligado a comprobar los pagos de los contratistas a subcontratistas, tan solo 27 contenían la información pertinente. También resulta imprescindible que las grandes empresas compartan públicamente todos los datos sobre los que están dejando de informar.

Observatorio de la Morosidad y régimen sancionador, ya

Ante esta situación, la PMcM ha anunciado que seguirá muy de cerca cómo se va aplicando la normativa, fiscalizando el cumplimiento de la Ley Crea y Crece. En esta línea, ha exigido la puesta en marcha lo antes posible del Observatorio de la Morosidad, en el que la PMcM espera tener un papel activo, y ha alertado de que no debería permitirse que esta institución se constituya de forma sesgada desde un sector interesado, que está dando "informes alterados sobre morosidad", denuncia Cañete.

En cuanto al ámbito privado, donde se sabe que algunas de las grandes empresas deben a sus proveedores unos 82.000 millones de euros por encima del plazo legal de pago (60 días), Antoni Cañete, presidente de la PMcM, ha aludido como solución a una de las reivindicaciones históricas de la entidad: el régimen sancionador. Es "absolutamente necesario que la ley se acompañe de un sistema de multas a empresas morosas para así reducir el retraso de los pagos en el ámbito privado; no se entiende que lleve más de dos años en trámite", explica Cañete. Su puesta en marcha ayudaría a mitigar la previsible falta -y encarecimiento- de liquidez a la que se enfrentarán en un futuro próximo las pymes y autónomos en nuestro país.

La PMcM también está trabajando en facilitarle a la Unión Europea información sobre las malas prácticas habituales que continúan produciéndose en nuestro país, documentación que la institución tendrá presente de cara a la revisión que está realizando de la Directiva Europea sobre morosidad. En este sentido Cañete ha valorado muy positivamente la posición de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, respecto a la Directiva Europea sobre morosidad.