Este protocolo bilateral se enmarca en el acuerdo suscrito entre Correos y la patronal bancaria (AEB, CECA y Unacc) para mejorar el acceso a los servicios financieros básicos en las zonas rurales de todo el territorio nacional
Correos y Banco Sabadell han firmado un protocolo de colaboración para ampliar los servicios financieros en la España rural. Este acuerdo bilateral se enmarca en el convenio de colaboración que suscribieron las patronales bancarias AEB, CECA y Unacc con Correos el pasado mes de julio, para facilitar la retirada de dinero en efectivo y mejorar el acceso a los servicios financieros básicos en zonas rurales de todo el territorio nacional.
El objetivo es que todos los ciudadanos, con independencia de su edad y lugar de residencia, tengan acceso al efectivo con el menor desplazamiento posible. Para ello, el protocolo de colaboración contempla que los clientes del Banco Sabadell puedan acceder a los servicios de Correos Cash, que permite la retirada e ingreso de efectivo en todos los puntos de atención a la ciudadanía de Correos y llevar dinero a domicilio a través de los carteros y carteras rurales.
De este modo, Correos pone a disposición del Banco Sabadell su red de 2.389 oficinas y sus 6.000 carteros y carteras rurales, con los que podrán prestar servicios financieros básicos en todos los municipios españoles, también en los ubicados en la España rural, así como a las personas mayores que viven en ese ámbito.
Correos contribuye así a la inclusión financiera en toda España y ayuda a garantizar el acceso a efectivo a todas las personas, tanto a las que residen en áreas rurales como a las más afectadas por la brecha digital, lo que también repercutirá positivamente en el desarrollo económico de esas zonas.
Para desarrollar el protocolo y explorar la mejor forma de colaboración, se ha constituido un equipo conjunto multidisciplinar que avanzará en la búsqueda de las mejores soluciones que respondan a las necesidades de todos los ciudadanos.
Correos continuará ofreciendo sus servicios a empresas, instituciones y administraciones para impulsar y desarrollar la actividad de su red de oficinas, un activo que garantiza el acceso al servicio público a todos y todas, y contribuye a la cohesión territorial y al desarrollo económico de personas y empresas, tanto en ámbitos urbanos como en las zonas rurales de España.